Durante su participación en el programa “Vera a su manera”, el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (CONASEP), Remigio Hurtado, expresó su rechazo contundente a la decisión del Gobierno de desvincular a 5,000 servidores públicos. Hurtado denunció que la medida es arbitraria, carece de un debido proceso legal y responde a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) más que a una verdadera reestructuración técnica del Estado.

“Si hay servidores públicos que no cumplen, háganles sumarios y destitúyanlos, pero no generalicen diciendo que todos somos malos. Eso sí, rechazamos”, manifestó Hurtado al iniciar su intervención.

Críticas a la motivación política y social de la medida

Hurtado sostuvo que los despidos no se justifican con criterios técnicos ni funcionales, como establece la ley, sino que obedecen a intereses políticos. Según él, las vacantes podrían ser ocupadas más adelante por personas afines al actual gobierno.

“No se va a generar empleo nuevo para los jóvenes como se dice, porque las partidas están siendo eliminadas. Lo que están haciendo es engañar a la ciudadanía”, aseguró Hurtado, advirtiendo además que podrían usarse contratos ocasionales para llenar esos cargos de forma discrecional.

Propuesta de alternativas económicas

El dirigente gremial propuso otras vías para generar ahorros fiscales sin recurrir a despidos masivos:

• Revisar el acceso gratuito a servicios de salud del IESS por parte de extranjeros.
• Exigir aportes por hijos de afiliados al IESS.
• Reasignar ingresos excedentes de entidades como el Registro Civil, que según dijo genera entre 12 y 14 millones de dólares al mes y solo gasta tres millones.
• Concesionar carreteras en mal estado para ahorrar gastos estatales y mejorar la infraestructura vial.

“El Estado sí es sostenible si dejamos de dar todo gratis. Hay que sentarse a dialogar entre servidores públicos, Gobierno y el sector privado para encontrar salidas reales”, señaló.

Cuestionamientos legales al procedimiento

Hurtado explicó que CONASEP solicitará una revisión constitucional de la medida, al considerar que no se ha respetado el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) ni la sentencia 26-18-IN/20 de la Corte Constitucional, que exige justificación técnica para la supresión de cargos.

Denunció que los informes técnicos se han hecho “a control remoto”, desde Quito, sin participación de las Unidades Administrativas de Talento Humano locales, lo que a su juicio constituye una violación al debido proceso.

“La ministra de Trabajo habla de duplicidad de funciones y optimización, pero en la práctica no hay sustento real. Hay un documento confidencial con cuatro criterios arbitrarios, entre ellos que el servidor no pertenezca al Gobierno Nacional. Eso abre la puerta a despidos políticos”, denunció.

Impacto en la estabilidad y confianza institucional

Según Hurtado, los verdaderos responsables de la corrupción y el mal funcionamiento del Estado permanecen en sus cargos mientras que empleados con larga trayectoria y bajos salarios son separados sin una evaluación justa.

“La mafia de siempre sigue en el poder, los mismos que arman las listas de despedidos. No se trata de correístas o no, incluso compañeros que apoyaron al actual gobierno han sido despedidos”, indicó.

Finalmente, el presidente de CONASEP pidió que se instale una mesa técnica de trabajo para revisar la medida y construir una verdadera política de sostenibilidad del Estado, que respete los derechos laborales y busque eficiencia sin vulnerar derechos humanos ni generar desempleo masivo.