El presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económica urgente titulado Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. La iniciativa busca establecer mecanismos legales para prevenir, detectar y controlar movimientos financieros que podrían afectar la estabilidad fiscal y económica del Ecuador.

¿A quiénes apunta la ley?

La normativa está dirigida especialmente a personas jurídicas y organizaciones sin fines de lucro —incluidas fundaciones, ONG, corporaciones y entidades comunitarias, nacionales o extranjeras— que operen en el país. Estas deberán ajustarse a nuevos requisitos de transparencia financiera, rendición de cuentas y cumplimiento tributario. Además, se exigirá la implementación de sistemas institucionales de integridad, junto con la publicación de información clave como:

• Estados financieros auditados
• Origen de los fondos
• Proyectos ejecutados
• Declaraciones de intereses de sus directivos

La SEPS asumirá el control de las organizaciones

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la encargada de supervisar y sancionar a estas entidades. Las infracciones contempladas incluyen mal uso de fondos, incumplimiento de normas contables y trabas a los procesos de auditoría. También podrán intervenirse organizaciones que infrinjan la ley.

Registro obligatorio y cambios tributarios

Las organizaciones deberán inscribirse en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS). Aquellas que ya operan tendrán un plazo de 90 días para regularizar su registro, de lo contrario, podrían enfrentar la suspensión o revocatoria de su personería jurídica.

En materia tributaria, el proyecto también propone una reforma al régimen de dividendos: las sociedades estarán obligadas a pagar un impuesto del 12% sobre lo distribuido dentro del mismo ejercicio fiscal.

Medidas contra el lavado de activos

El proyecto también incluye reformas a la Ley de Lavado de Activos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) podrá congelar de manera cautelar fondos sospechosos por hasta ocho días, a la espera de ratificación judicial. De confirmarse la medida, el dinero será transferido a una cuenta estatal mientras dure la investigación.

Para proteger a los analistas financieros, su identidad será confidencial y sus comparecencias se realizarán mediante videoconferencia, con distorsión de voz e imagen. Además, se exigirá a las instituciones del sistema financiero compartir información con la UAFE en tiempo real.

Más control sobre organizaciones sociales

La propuesta también reforma la Ley de Participación Ciudadana, estableciendo nuevas causales de disolución para organizaciones sociales, incluyendo la comisión de delitos o el incumplimiento reiterado de normas legales. Además, se plantea la revocatoria de permisos a entidades que atienden a grupos vulnerables si no cumplen requisitos de infraestructura o salubridad.