El ministro del Interior, John Reimberg, defendió con firmeza la decisión del Gobierno Nacional de iniciar la deportación de 1.000 ciudadanos colombianos que cumplían penas en Ecuador por diversos delitos, y que ahora serán expulsados del país.

“Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí”, aseguró en un mensaje publicado en la red social X, en el que detalló que estas personas estaban vinculadas a delitos como robo, receptación, tráfico ilícito de sustancias y crímenes contra la propiedad. La medida contempla además la prohibición de ingreso al Ecuador durante los próximos 40 años para estos extranjeros.

Reimberg calificó esta acción como un paso firme dentro de la política de tolerancia cero con el crimen organizado que impulsa el actual Gobierno. “No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, sentenció.

El operativo de deportación fue liderado por el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), y se ejecuta bajo el Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0099-ACUERDO.

Según las autoridades, todo el proceso se desarrolla conforme al marco jurídico vigente, con audiencias individualizadas, boletas de excarcelación emitidas por jueces competentes y pleno respeto a los derechos humanos. La Subsecretaría de Migración ha gestionado la documentación necesaria, mientras que el SNAI coordinó con el Consejo de la Judicatura para cumplir los procedimientos judiciales correspondientes.

Desde el ámbito diplomático, el Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que este procedimiento se realiza en apego al ordenamiento jurídico ecuatoriano y los compromisos internacionales. Además, la Cancillería ha mantenido informado de manera continua al Consulado de Colombia en Quito como canal oficial del proceso.