La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este lunes 28 de julio en Quito con representantes diplomáticos de Colombia, en medio de las tensiones generadas por la deportación de mil ciudadanos colombianos que cumplían condenas en cárceles ecuatorianas. Esta medida, que comenzó el viernes, fue calificada por el gobierno colombiano como “unilateral” e “inamistosa”.

A través de un comunicado en redes sociales, la Cancillería ecuatoriana aseguró que el proceso se realiza “en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las obligaciones internacionales”, garantizando el debido proceso y respeto a los derechos humanos. Además, destacó que el diálogo con Colombia sigue abierto.

El presidente Daniel Noboa también defendió la medida en una entrevista radial, argumentando que “no podemos mantener a 1.000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas, y encima siendo grupo prioritario”. Según el Ministerio del Interior, los deportados no podrán regresar al país durante los próximos 40 años.

Desde Colombia, la Cancillería expresó el viernes una “enérgica protesta” al considerar que las deportaciones comenzaron sin un protocolo acordado, lo que habría impedido verificar la identidad y situación legal de los deportados. A su juicio, se estarían violando principios básicos del derecho internacional que prohíben las expulsiones masivas.

Sin embargo, Ecuador negó haber ejecutado una deportación colectiva. Afirmó que se han emitido resoluciones individuales, con boletas de excarcelación firmadas por jueces competentes, y que el consulado colombiano fue notificado desde el 8 de julio sobre los procesos en curso.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también reaccionó con molestia. En su cuenta de X (antes Twitter), afirmó que “Ecuador nos responde con desdén”, y aunque no se refirió directamente a las deportaciones, advirtió: “Si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad”.

A diferencia de otras repatriaciones donde los presos siguen cumpliendo sus condenas en su país de origen, los colombianos deportados por Ecuador quedan en libertad al cruzar la frontera, siempre que no tengan procesos judiciales pendientes en Colombia, según confirmó la Policía de ese país.

La decisión de repatriar presos extranjeros fue anunciada por Noboa en 2023, como parte de su estrategia para reducir el hacinamiento carcelario y enfrentar la creciente violencia criminal. Actualmente, unos 3.200 reos extranjeros —en su mayoría colombianos y venezolanos— representan cerca del 10 % de la población penitenciaria de Ecuador.