La decisión del Gobierno de Ecuador de despedir a 5.000 funcionarios públicos como parte de su plan de eficiencia ha generado fuerte polémica entre los gremios del sector público. Remigio Hurtado, presidente de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, denunció que los despidos se realizaron sin evaluaciones previas, vulnerando derechos laborales y contradiciendo incluso las propias declaraciones gubernamentales.

En entrevista con Teleamazonas, Hurtado afirmó que los despidos se ejecutaron apenas horas después del anuncio oficial, sin que existiera un proceso técnico o evaluativo real. “Se nos dijo que la evaluación sería en 2025 y la implementación en 2026. Pero sin previo aviso reformaron la LOSEP por segunda vez y aplicaron despidos arbitrarios”, indicó.

Según Hurtado, el reglamento reformado establece tres criterios para cesar a los trabajadores: tener más de un año en funciones, no ser afín al gobierno, y “molestar la gestión” de las autoridades. “Esto abre la puerta a despidos por persecución política o por simpatías partidistas”, advirtió.

El dirigente también cuestionó la narrativa oficial sobre una supuesta “optimización del gasto”. Mientras la ministra de Trabajo aseguró que se trató de una supresión de partidas —puestos que no serán reemplazados—, el presidente Daniel Noboa declaró que busca abrir espacio para jóvenes. “Si se eliminan las partidas, ¿cómo se va a contratar nuevos funcionarios? Hay una contradicción clara”, dijo Hurtado.

Uno de los puntos más sensibles es el despido de personal en áreas críticas como salud y educación, a pesar de que el gobierno había prometido no afectar estos sectores. “El viernes pasado despidieron a médicos y enfermeras en Quito, Ibarra, Tena y otras ciudades. Esto afectará la atención en hospitales públicos, donde ya escasean insumos y personal”, denunció.

El próximo 31 de julio, el gremio presentará una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la LOSEP ante la Corte Constitucional. Además, se evalúa una movilización nacional en rechazo a lo que consideran un “atropello laboral” sin precedentes.