El recorte de 5.000 funcionarios públicos anunciado por el Gobierno ecuatoriano representa apenas una reducción del 1% en la extensa nómina estatal, que supera los 492.000 servidores. Sin embargo, para expertos como Pedro Romero, director de la Maestría en Economía de la Universidad San Francisco de Quito, esta medida es un paso simbólico pero necesario hacia la modernización del Estado.
Romero explicó en Ecuavisa que Ecuador arrastra un déficit estructural que este año rondará los 4.000 millones de dólares, mientras sus necesidades de financiamiento superan los 10.000 millones. “Reducir el tamaño del Estado es el camino correcto, pero lo hecho hasta ahora es muy poco. El ahorro estimado por los despidos bordea apenas los 90 millones”, dijo.
El economista advirtió que sin una verdadera reingeniería institucional, los despidos podrían ser solo una reacción política sin impacto de fondo. “No hay evidencia de un plan claro que defina qué puestos son redundantes. Si no se actúa con criterios técnicos, el riesgo es que se despida a personal con experiencia sin mejorar la calidad del servicio público”, apuntó.
El ajuste incluye la eliminación de seis ministerios y seis secretarías, además de despidos en empresas públicas como Petroecuador y Flopec. En algunos casos, según versiones oficiales, se detectaron sueldos sobrevalorados o hechos de corrupción, como cobros ilegales para agilizar pagos. Aun así, no se han reportado denuncias judiciales contra los responsables.
Romero subrayó que un estudio de la USFQ determinó que si se redujera el 30% del aparato administrativo –sin afectar áreas sensibles como salud, educación o seguridad– el ahorro podría llegar hasta los 500 millones de dólares al año. “Esto no se resuelve despidiendo y reemplazando con gente afín, sino reestructurando profundamente el Estado”, concluyó.
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