Deportación masiva de presos colombianos fue ‘una medida forzada que podría empeorar el problema’, advierte penalista

Jul 28, 2025

La deportación de más de 1.000 ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, realizada por el Gobierno de Daniel Noboa, ha generado una fuerte polémica legal y diplomática. Para el abogado penalista Julio César Cueva, esta acción fue una decisión unilateral que, lejos de resolver el hacinamiento carcelario, podría tener consecuencias más graves a mediano plazo.

En entrevista con Teleamazonas, Cueva explicó que Colombia, al no haber coordinado con Ecuador ni activado el convenio de cumplimiento de penas, quedó en la obligación de recibir a sus connacionales, pero no de mantenerlos en prisión. “Muchos fueron liberados apenas cruzaron la frontera porque no tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana. Lo que hizo Ecuador fue expulsarlos, no trasladar su condena”, señaló.

Cueva fue enfático al decir que la medida no tiene respaldo jurídico sólido, pues se saltó el procedimiento contemplado en el tratado bilateral. “Ese convenio exige que el reo solicite voluntariamente cumplir su pena en su país de origen. Como eso no ocurrió, lo que hubo fue una deportación forzosa sin garantía de que los sentenciados cumplan su castigo”, indicó.

El penalista también cuestionó la eficacia del anuncio gubernamental que prohíbe el reingreso de los deportados por 40 años. “Eso suena bien en el discurso, pero es inejecutable. Hay decenas de pasos clandestinos en la frontera, y muchos de ellos ya deben estar de regreso en Ecuador, sin que la Policía siquiera los busque”, advirtió.

Lo más grave, según Cueva, es que se trata de personas que estaban condenadas, incluso por delitos graves como sicariato o abuso sexual, y que ahora podrían estar libres tanto en Colombia como de vuelta en Ecuador. “La medida puede interpretarse incluso como un indulto encubierto, porque están en libertad sin haber cumplido su sentencia”, afirmó.

Para el jurista, esta acción del gobierno no solo no resuelve el problema carcelario, sino que “podría agravar la inseguridad” y deteriorar la cooperación binacional. “Más que una solución, fue un atajo. Y lo peor es que el remedio podría salir más caro que la enfermedad”, sentenció.



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