Ecuador vive una de sus crisis sociales más profundas, y sus efectos ya se sienten con fuerza en el sistema educativo. Las escuelas, que deberían ser espacios seguros para el aprendizaje y la formación ciudadana, hoy se ven amenazadas por el avance sigiloso —pero sistemático— de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Estas estructuras criminales, que operan con códigos de poder y violencia, han identificado en las aulas ecuatorianas un nuevo territorio de reclutamiento. No entran con armas, entran con carencias, con falsas promesas, y, sobre todo, con una lectura precisa de las vulnerabilidades sociales de nuestros jóvenes.

En comunidades marcadas por la pobreza, el desempleo, la desintegración familiar y la falta de oportunidades reales, los GDO encuentran terreno fértil para crecer. Ven en la escuela un punto de entrada, y en el adolescente sin respaldo, su próxima ficha. Las estadísticas del Ministerio de Educación (2024) muestran que más del 15% de las instituciones educativas públicas ha reportado incidentes de violencia asociados a redes criminales, mientras que el INEC evidencia una tasa de abandono escolar del 7.2% en educación básica, muchas veces motivado por miedo, presión social o por haber sido absorbido por estos grupos. Los GDO no necesitan usar la fuerza: usan la necesidad. Manipulan emocional y económicamente a jóvenes que viven en hogares ausentes o fracturados, sin apoyo psicosocial ni acceso a modelos positivos de vida. Les ofrecen pertenencia, protección, dinero fácil. Y así, lo que era un aula, se convierte en una antesala del crimen.

Este fenómeno no se soluciona solo con más vigilancia. Se requiere una respuesta profundamente social, integral y sostenida. El Estado debe mirar a las escuelas como núcleos comunitarios, donde convergen los derechos, los sueños y los riesgos de miles de niños y adolescentes. Necesitamos presencia real del Estado: equipos de acompañamiento psicosocial, intervención comunitaria, inversión en infraestructura digna, y, sobre todo, políticas educativas que enseñen a vivir, pensar y resistir. Es urgente que el Ministerio de Educación, el de Salud Pública, el de Inclusión Económica y Social, y las autoridades locales trabajen articuladamente. Que se habiliten rutas de atención inmediata para jóvenes en riesgo. Que se construya una red de protección real, que les diga a estos chicos que hay otro camino posible.

Porque si el Estado no los escucha, los GDO sí lo harán. Si la escuela no los contiene, la calle los adopta. Y si no actuamos hoy, mañana no solo perderemos estudiantes: perderemos ciudadanos.