La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha iniciado un proceso de juicio político contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Gonzalo Albán, por presunto incumplimiento de funciones. La acusación se basa en que Albán habría tenido afiliación política cuando fue candidato al Cpccs en las elecciones de 2023, lo cual está prohibido por la normativa.

La solicitud fue presentada este 25 de julio y deberá pasar primero por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Si es calificada, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, que actualmente está bajo control de ADN, lo que le da al oficialismo una clara ventaja en el proceso.

Un consejero incómodo para la mayoría

Gonzalo Albán ha sido uno de los consejeros que no se ha alineado a la mayoría oficialista dentro del Cpccs, compuesta por Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez y David Rosero. Su postura crítica ha sido evidente en votaciones clave. Por ejemplo, se abstuvo de votar en la polémica decisión de devolver la terna para renovar el Consejo de la Judicatura, lo que generó fricciones dentro del Pleno del Consejo.

El proceso contra Albán coincide con momentos decisivos para el Cpccs, que tiene en sus manos la designación de nuevas autoridades en organismos clave como la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el CNE. La posible salida de Albán facilitaría a ADN consolidar el control de este organismo y tener mayoría absoluta para incidir en esas designaciones.

Para una eventual destitución del consejero, se requiere el voto afirmativo de al menos 77 legisladores en el Pleno. ADN ya ha demostrado tener esa capacidad gracias a alianzas con un grupo de Pachakutik e independientes, por lo que la censura de Albán parece más una cuestión de tiempo que de números.