En un acto conmemorativo por los 490 años de fundación de Guayaquil, el CEO de Hanrine Exploration & Mining, Carlos de Miguel III, ofreció un discurso crítico sobre la situación de seguridad en la ciudad y la reciente imposición de la tasa minera por parte del Gobierno nacional, que, según él, pone en riesgo el futuro de las inversiones en el sector.

“Guayaquil es una ciudad heroica, pero salir a trabajar aquí cada día es jugarse la vida. No todos están involucrados en el narcotráfico, pero cualquiera puede caer víctima de la violencia”, declaró De Miguel, destacando el compromiso de la empresa con el país incluso en tiempos de crisis.

En su intervención, De Miguel se refirió a la tasa de fiscalización minera impuesta por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), calificándola como “inconstitucional” y “desproporcionada”. Según explicó, la tasa equivale a diez veces el valor de la patente que ya pagan las empresas y fue establecida sin pasar por la Asamblea Nacional, lo que, a su criterio, la convierte en un impuesto encubierto.

“No estamos en contra de pagar una tasa. Estamos en contra de cómo se calculó, de su falta de proporcionalidad y del hecho de que se impuso de la noche a la mañana sin diálogo previo”, indicó. También subrayó que la minería de gran escala requiere inversiones de cientos de millones de dólares y décadas para recuperar lo invertido. “Uno de cada 200 proyectos llega a ser rentable. Si el Estado carga al sector con costos adicionales, las empresas podrían quebrar o irse del país. Peor aún, nuevas inversiones no llegarán.”

De Miguel reveló que Hanrine ya ha invertido más de 130 millones de dólares en exploración minera en Ecuador y que, de mantenerse las condiciones actuales, el futuro de nuevos proyectos es incierto. “Es como ganarse la lotería y que te parta un rayo a la vez. Las probabilidades de éxito son bajísimas, y si encima se castiga al que arriesga, es insostenible.”

El ejecutivo también criticó que, mientras el gobierno anuncia recortes de 5.000 plazas en el sector público, ARCOM proyecta contratar 600 nuevos funcionarios para aplicar la tasa. “Es una contradicción total. Un Estado más eficiente debería optimizar recursos, no expandir su burocracia.”

Por último, cuestionó que la resolución haya sido elaborada por funcionarios que hoy ya no están en funciones, y recordó que la tasa entró en vigencia sin haberse generado aún los servicios por los cuales se supone se cobra.

Hanrine Exploration & Mining, subsidiaria del Grupo Hancock Prospecting de Australia, mantiene seis concesiones en Imbabura. Aunque aún no están en fase de explotación, el CEO indicó que dos descubrimientos prometen potencial de clase mundial. Sin embargo, advirtió: “Lo más grave no es lo que ocurra con Hanrine, sino que la inversión minera en general se puede frenar por completo en Ecuador si no hay seguridad jurídica”.