El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que en agosto se declarará la emergencia del sistema judicial en Ecuador, una medida que permitirá movilizar recursos ante el creciente deterioro de la infraestructura y la falta crítica de personal en el sector.

Durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Godoy detalló la magnitud del problema: de las 245 dependencias judiciales, 124 están en estado crítico y 87 presentan deterioro progresivo. Solo 34 estarían en condiciones aceptables.

Para intentar revertir esta situación, la Judicatura calcula que necesita al menos USD 200 millones para infraestructura física y tecnológica, mobiliario, equipos y vehículos. A esto se suman otras necesidades urgentes:

• 753 nuevos jueces, con un costo de USD 50,4 millones
• Personal de apoyo para esos jueces (secretarios, citadores, archivistas y ayudantes), con un valor adicional de USD 22,9 millones

El déficit no es exclusivo de la Judicatura. Según el fiscal general Wilson Toainga, el país necesita 600 nuevos agentes fiscales, cada uno con su propio equipo de apoyo. Solo en remuneraciones, el costo estimado asciende a USD 58,6 millones.

La Defensoría Pública, por su parte, requiere USD 30 millones para renovar infraestructura y cubrir la salida de 22 defensores. Además, se necesitan 100 defensores más, cuya contratación implicaría USD 3,2 millones adicionales.

Sin contar los costos de oficinas, salas de audiencias, vehículos y tecnología para estos nuevos cargos, el sistema de justicia ya enfrenta una brecha presupuestaria de al menos USD 364 millones. De ese total, USD 134 millones deberían incorporarse como presupuesto permanente, ya que corresponden a sueldos y beneficios de nuevos funcionarios.

Esto significaría prácticamente duplicar el presupuesto actual de la Judicatura para el 2025, una tarea que requerirá no solo voluntad política sino una asignación urgente de recursos para evitar el colapso definitivo del sistema judicial.