La noche de este 24 de julio, el Gobierno empezó a notificar a los primeros funcionarios que serán separados de sus cargos como parte del plan de recorte anunciado por “eficiencia”. En total, serán 5.000 servidores públicos desvinculados, incluyendo personal del Ejecutivo, administrativo e incluso del IESS.
Entre los primeros afectados están 50 funcionarios de la estatal Flopec. En la lista figuran desde asistentes técnicos hasta jefes de área, con sueldos que en algunos casos superaban los USD 3.000, confirmó Ecuavisa.
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, defendió la decisión al señalar que “eran funcionarios que no cumplían con las necesidades institucionales e incluso entorpecían su funcionamiento”. Aclaró que el recorte no afectará a médicos, enfermeros, docentes, policías, militares ni grupos vulnerables.
El presidente Daniel Noboa respaldó la medida en un video publicado dos horas después del anuncio: “Estamos aquí para trabajar con gente comprometida. El que no, fuera. Daremos oportunidades a quienes nunca las han tenido”.
La medida se sustenta en una nueva normativa técnica emitida por el Ministerio de Trabajo este mismo 24 de julio, que habilita la supresión de puestos por criterios económicos, técnicos y de optimización. Además, el Ejecutivo confirmó que en los próximos meses se fusionarán ministerios y secretarías, pasando de 20 a 14 entidades, lo que implicará nuevos despidos aún no cuantificados.
Desde ya, gremios de trabajadores anuncian movilizaciones contra la Ley de Integridad Pública, que reformó 19 cuerpos normativos y habilita parte de estas acciones. El dictamen de la Corte Constitucional sobre su legalidad aún no tiene fecha.
Aunque se prometen indemnizaciones para los desvinculados, Jaramillo advirtió que “menos personal no significa menor eficiencia”. También aseguró que habrá nuevas vacantes para jóvenes, pero no se tratará de una reposición uno a uno de los cargos suprimidos.
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