El director de la Escuela de Derecho de la UDLA, Pablo Alarcón, advirtió que una nueva declaratoria de emergencia en la Función Judicial solo será útil si viene acompañada de acciones éticas, técnicas y estructurales. “La emergencia debe marcar un punto de inflexión, no ser una excusa más para la improvisación”, señaló.

En entrevista con Teleamazonas, Alarcón sostuvo que las condiciones para declarar la emergencia judicial “han existido desde hace años”, pero el desafío actual es que esta medida no se quede en el papel. “La ciudadanía está cansada de ver cómo se repite el ciclo de declaraciones sin transformaciones. Esta vez tiene que ser diferente”, enfatizó.

Según el jurista, la diferencia dependerá de la ética con la que actúen las autoridades. “La actitud de las personas que toman decisiones es clave. Hay que obrar con lealtad normativa, con respeto al Estado de derecho y sin utilizar la emergencia como un cheque en blanco para el manejo arbitrario del sistema judicial”, advirtió.

Alarcón respaldó la necesidad de evaluar a jueces y fiscales, una posibilidad contemplada en la Ley de Integridad Pública, pero insistió en que debe hacerse bajo estándares de independencia judicial. “La evaluación debió realizarse hace mucho tiempo, no hacía falta esperar una nueva ley. Si se hace ahora, que sea con transparencia y rigor técnico, no por afinidad ni conveniencia política”, dijo.

También se refirió a la necesidad de contar con infraestructura digna para la justicia, señalando que muchas dependencias judiciales “se están cayendo a pedazos”. Llamó a enfocar los recursos en las judicaturas de primer nivel, donde la ciudadanía busca justicia directa, y a fortalecer la institucionalidad con autoridades definitivas, no prorrogadas.