La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes Quelal, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo frente al juicio político que se tramita en su contra por presunto incumplimiento de funciones. En la misma sesión participó el asambleísta Fernando Jaramillo, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), quien impulsó el proceso y presentó los cargos.

Jaramillo expuso 12 pruebas, previamente anunciadas en su solicitud, con las que sustentó su acusación de que Goyes habría incumplido funciones asignadas por la Constitución y la ley. En su intervención, señaló que la vocal abandonó de forma abrupta e injustificada la sesión del Pleno del CJ del 16 de abril de 2025, en la que debía tratarse y aprobarse el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional, una normativa clave para evitar el uso excesivo de garantías constitucionales por parte de personas procesadas o sentenciadas por delincuencia organizada.

El legislador también afirmó que Goyes no asistió a cuatro convocatorias consecutivas para reinstalar esa misma sesión. Aunque finalmente acudió a la quinta convocatoria, realizada el 30 de abril, y votó a favor del Reglamento, Jaramillo insistió en que esa participación no repara el incumplimiento anterior.

Finalizada esta etapa, la Comisión de Fiscalización procederá a evaluar las pruebas presentadas por ambas partes y, en los próximos días, emitirá un informe motivado en el que recomendará al Pleno de la Asamblea Nacional si debe continuar con el juicio político o archivar la solicitud.

La defensa de Goyes

Durante su intervención, Solanda Goyes defendió su actuación y minimizó la causal que se le imputa. Afirmó que no puede considerarse una inasistencia puntual a una sesión como un incumplimiento de funciones. Además, subrayó que la aprobación del Reglamento en cuestión es solo una parte de un proceso más amplio, que también requiere planificación técnica, infraestructura adecuada, presupuesto y equipos especializados para que los nuevos jueces puedan ejercer de manera efectiva.

Goyes sostuvo que, desde su vocalía, ha promovido distintas acciones en beneficio del sistema judicial ecuatoriano, y aseguró que este juicio político responde a presiones que buscan impedir su labor frente a casos sensibles que aún esperan atención dentro del CJ.