Pocas cosas resultan tan lamentables para la política nacional como ver a la Asamblea convertirse en escenario para que un delincuente como Daniel Salcedo, sentenciado en cinco ocasiones, sea recibido como interlocutor válido para hablar de hechos que deberían ser tratados exclusivamente en sede judicial. Y peor aún, que pretenda dar lecciones de moral no solo a la clase política, sino a todo el país.

Conviene recordar quién es Daniel Salcedo: protagonista de uno de los episodios más oscuros ocurridos durante la pandemia del COVID-19. Él y sus cómplices se aprovecharon de la desesperación de los familiares de pacientes para vender, a precios exorbitantes, medicamentos que pertenecían a hospitales públicos. Medicinas que debieron ser entregadas gratuitamente, pero que la gente pagó con la esperanza de salvar a sus seres queridos. También participó en procesos de adquisición con sobreprecio, como el escandaloso caso de las fundas para cadáveres. Ha sido sentenciado por corrupción, fraude procesal, lavado de activos y peculado, acumulando condenas que superan los 30 años de prisión.

Lo sucedido en el Parlamento es un espectáculo bochornoso, que no hace sino confirmar el deterioro institucional del país. Esta Asamblea, desde el inicio de su gestión, ha evidenciado graves falencias: leyes de cuestionable calidad, legisladores que desconocen del procedimiento parlamentario, discursos improvisados —o mal leídos, incluso cuando son elaborados por inteligencia artificial—, y hasta un legislador acusado de abuso sexual contra una niña, hoy prófugo.

Es importante insistir en que lo que en su momento fue duramente cuestionado por contradecir los principios éticos que deben regir al poder legislativo, sigue siendo inaceptable hoy. Resulta inadmisible que el hemiciclo parlamentario haya servido de tribuna para personajes como Ronny Aleaga, exasambleísta señalado como operador político de Leandro Norero, y Jordán, también vinculado a actividades ilícitas.

El país debería estar discutiendo y exigiendo respuestas frente a problemas urgentes. La inseguridad se ha vuelto insostenible. En los últimos días, varios cantones de Manabí —especialmente Manta— han sido escenario de ataques armados que dejaron al menos 20 personas asesinadas. En un barrio popular de Playas Villamil, una masacre en un bar cobró la vida de 10 personas. Sin embargo, la atención mediática ha sido secuestrada por la comparecencia de Salcedo, desviándonos de lo verdaderamente importante.

El país se desangra, mientras se le rinde tribuna a un canalla.