Quito necesita dejar de improvisar y empezar a proteger aquello que garantiza su existencia: el agua. ¿Sabía usted que, según el informe *Estado de los Recursos Hídricos 2025* del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el consumo de agua en la ciudad aumentó un 8% entre 2023 y 2025? Aunque aún existe capacidad técnica instalada, el sistema se vuelve cada vez más frágil y vulnerable ante la presión del crecimiento urbano y la falta de planificación.

En este contexto, la crisis de agua potable en el sur de Quito ha expuesto, sin matices, una realidad alarmante: estamos fallando como ciudad en la protección de un recurso tan esencial. No se trata simplemente de una falla temporal, sino del reflejo de un sistema que muestra signos evidentes de agotamiento.

Para ilustrarlo, basta con recordar que este domingo 20 de julio se cumplieron 11 días desde que un deslizamiento en el Antisana rompió una tubería del sistema La Mica–Quito Sur, afectando a más de 200 barrios y 88 000 hogares. A pesar del paso del tiempo, seis barrios del sur de Quito aún permanecen sin agua, y alrededor de 400 000 personas continúan dependiendo de tanqueros para abastecerse, esperando con baldes, botellas y tachos en mano. Aunque inicialmente el alcalde Pabel Muñoz había indicado que el servicio se restablecería paulatinamente a partir del 21 de julio, luego aclaró que eso no ocurrirá de forma inmediata.

Al día de hoy, el Municipio no ha anunciado una fecha concreta para la reapertura de las compuertas. Así, la incertidumbre persiste y la solución sigue siendo una promesa aplazada, mientras miles de quiteños enfrentan la crisis en condiciones de precariedad.

Mientras tanto, la vida diaria en los barrios afectados transcurre entre filas eternas, quejas por la desorganización en la distribución de tanqueros y testimonios que retratan el abandono. “A veces toca caminar dos horas por un balde de agua”, cuenta una madre de familia. Historias como la suya se repiten en todos los medios de comunicación, con personas que se ven forzadas a adaptar su rutina al vía crucis de conseguir agua.

“A mí que se vaya la luz no me molesta, pero sin agua no se puede hacer nada”, dice otro ciudadano, mientras muestra sus manos marcadas por el peso. “Ya nos están creciendo los músculos de los brazos de tanto cargar”, bromea resignado un adolescente.

Frente a esta realidad, es clave recordar que el acceso al agua no es un lujo, sino un derecho humano fundamental garantizado por la Constitución (Art. 12). Sin embargo, la escasez reciente revela una combinación peligrosa: infraestructura frágil, falta de planificación a largo plazo y una ciudadanía que, en muchos casos, no valora el recurso hasta que deja de salir del grifo.

Históricamente, Quito ha dependido de fuentes naturales ubicadas en los páramos y zonas altas. Pero ese modelo, aunque eficaz en su momento, hoy está bajo amenaza por el desorden urbano y la crisis climática. De hecho, según Epmaps, cada quiteño consume en promedio 230 litros de agua diarios, cuando la OMS recomienda 150 litros. Este exceso no es una muestra de progreso, sino de consumo irresponsable.

Por tanto, lo que esta crisis demanda con urgencia es claridad política y acción técnica. No puede —ni debe— convertirse en un escenario de aprovechamiento electoral. El agua no distingue ideologías ni campañas. Las soluciones no pueden reducirse a eslóganes, sino que deben traducirse en políticas públicas duraderas, con respaldo técnico y voluntad política real.

Ahora bien, la corresponsabilidad también recae en la ciudadanía. Este no es un sermón ambientalista, sino una verdad técnica: si seguimos creyendo que la emergencia solo le toca al vecino, todos terminaremos pagando el precio de la indiferencia. Esta crisis nos obliga a mirar más allá de la coyuntura: exigir planes sostenidos, inversión transparente, y sanciones reales para quienes despilfarran o contaminan. Pero también nos exige algo más íntimo: revisar nuestras prácticas diarias, reparar fugas, moderar el consumo y entender que el agua no es un privilegio: es un bien común que debe ser protegido colectivamente.

Porque si no actuamos con conciencia y responsabilidad compartida, no será la última vez que enfrentemos una emergencia sin preparación, sin equidad, sin soluciones. Quito no puede seguir improvisando. Cuidar el agua hoy es asegurar la vida de mañana.