La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, aseguró que Ecuador ha cumplido las metas fiscales y económicas que le permiten acceder a los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del crédito de 4.000 millones de dólares acordado en 2024. Confirmó que esta semana ingresarán 600 millones de dólares adicionales, que elevarán a 2.100 millones el total desembolsado por el organismo.

Moya recalcó que este financiamiento no solo responde al acuerdo con el FMI, sino también a la confianza de otros multilaterales como el Banco Mundial, CAF y BID. Además, reveló que el crédito podría ampliarse de 4.000 a 5.000 millones de dólares, como parte de un plan de inversiones proyectado hasta 2028, enfocado en sectores sociales e infraestructura, principalmente en diversificación energética.

La ministra subrayó que el país ha superado las metas fiscales y de crecimiento hasta abril de 2025 y destacó la reapertura del catastro minero y las reformas tributarias al sector como parte de las acciones para fortalecer los ingresos públicos. Anticipó que en septiembre el Banco Central actualizará las proyecciones de crecimiento, que podrían superar el 3%, debido al dinamismo de sectores como agricultura, pesca y manufactura. En el primer trimestre de 2025, el crecimiento fue de 3,4%, por encima de las estimaciones iniciales.

Subsidios y reforma tributaria

Aunque no confirmó una focalización inmediata de subsidios como el del diésel, Moya dijo que se están analizando “mecanismos técnicos” para optimizar los gastos del Estado y fortalecer los ingresos, sin afectar a los sectores más vulnerables. Sobre una posible reforma tributaria en 2025, indicó que el enfoque está en mejorar la recaudación mediante el crecimiento económico, descartando por ahora nuevos impuestos.

Moya informó que en lo que va de 2025 se han pagado más de 1.000 millones de dólares en servicios sociales y de salud, incluyendo 70 millones a prestadores de diálisis y más de 124 millones en otros servicios de salud. En educación, señaló una inversión superior a 100 millones en alimentación escolar y textos, más 25 millones en becas. A los gobiernos autónomos descentralizados se ha transferido más de 1.000 millones hasta junio.

Sobre la deuda con el IESS, reconoció que es un problema estructural de larga data, pero aseguró que el gobierno mantiene un flujo constante para que la institución cumpla sus obligaciones.