Desde 2019, el país permite el cultivo y comercialización de cannabis no psicoactivo —con menos del 1 % de THC— bajo regulación del Ministerio de Agricultura. Este segmento ha dado lugar a una industria en expansión, con más de 700 empresas autorizadas y expectativas de generar 30.000 empleos en los próximos años. La Cámara de Industrias de Cannabis y Cáñamo estima que el sector podría superar los USD 17 millones en ingresos durante 2025.

Sin embargo, el consumo recreativo continúa penalizado. En noviembre de 2023, el Gobierno eliminó la tabla de consumo personal, endureciendo las sanciones por porte o cultivo no autorizado. Esta decisión reactivó la movilización de colectivos que exigen una regulación integral del cannabis, alegando que la actual criminalización favorece al narcotráfico y reprime el autocultivo responsable.

La XIV Marcha de la Marihuana, realizada en Quito en mayo pasado, puso nuevamente en agenda la exigencia de legalizar el uso recreativo y que el Estado asuma el control de la cadena de producción y distribución. Paralelamente, un grupo de profesionales del área médica y científica impulsa un proyecto de ley ciudadano para despenalizar el consumo adulto y establecer mecanismos de regulación estatal.

Ecuador se encuentra así ante una disyuntiva: seguir penalizando el consumo recreativo de cannabis o abrirse a un modelo de legalización controlada, como ya ocurre en países vecinos y otros mercados internacionales. La decisión implicará no solo un giro legal, sino también un enfoque de salud pública, derechos individuales y economía sostenible.

En medio del avance del cáñamo industrial y el uso medicinal del cannabis, Ecuador enfrenta un creciente debate sobre la posible legalización del consumo recreativo. Aunque actualmente el uso con fines no médicos sigue prohibido, diversas organizaciones sociales, activistas y actores del sector privado impulsan una discusión más amplia sobre el tema.

Desde 2019, el país permite el cultivo y comercialización de cannabis no psicoactivo —con menos del 1 % de THC— bajo regulación del Ministerio de Agricultura. Este segmento ha dado lugar a una industria en expansión, con más de 700 empresas autorizadas y expectativas de generar 30.000 empleos en los próximos años. La Cámara de Industrias de Cannabis y Cáñamo estima que el sector podría superar los USD 17 millones en ingresos durante 2025.

Sin embargo, el consumo recreativo continúa penalizado. En noviembre de 2023, el Gobierno eliminó la tabla de consumo personal, endureciendo las sanciones por porte o cultivo no autorizado. Esta decisión reactivó la movilización de colectivos que exigen una regulación integral del cannabis, alegando que la actual criminalización favorece al narcotráfico y reprime el autocultivo responsable.

La XIV Marcha de la Marihuana, realizada en Quito en mayo pasado, puso nuevamente en agenda la exigencia de legalizar el uso recreativo y que el Estado asuma el control de la cadena de producción y distribución. Paralelamente, un grupo de profesionales del área médica y científica impulsa un proyecto de ley ciudadano para despenalizar el consumo adulto y establecer mecanismos de regulación estatal.

Ecuador se encuentra así ante una disyuntiva: seguir penalizando el consumo recreativo de cannabis o abrirse a un modelo de legalización controlada, como ya ocurre en países vecinos y otros mercados internacionales. La decisión implicará no solo un giro legal, sino también un enfoque de salud pública, derechos individuales y economía sostenible.