La Asamblea Nacional desvinculó a 40 servidores legislativos tras detectar presuntas gestiones irregulares de asambleístas para nombrar a familiares en cargos públicos. La medida fue impulsada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien aseguró que estas acciones buscan erradicar el clientelismo dentro de la institución.

Del total de desvinculados, 12 estarían relacionados con asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), 10 con legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y 2 con representantes del Partido Social Cristiano (PSC). Esta decisión se ampara en el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe expresamente a los legisladores gestionar cargos públicos.

La reforma reciente al Reglamento de Talento Humano permitió al Consejo de Administración Legislativa (CAL) ejecutar estas desvinculaciones de forma directa, sin necesidad de procesos disciplinarios previos. No obstante, hasta el momento, el Comité de Ética de la Asamblea no ha recibido denuncias formales contra los legisladores implicados.

Mientras ADN y el PSC han manifestado respaldo a la depuración administrativa, desde la bancada de la Revolución Ciudadana se exige transparencia en el proceso y la publicación de los nombres de los parlamentarios vinculados.

Analistas coinciden en que sin una denuncia presentada ante el Comité de Ética, los legisladores no enfrentarán consecuencias más allá de la remoción de personal de confianza. La medida, aunque significativa, se limita al ámbito administrativo y no implica sanciones políticas o legales inmediatas.