El país atraviesa un acelerado proceso de concentración de poder, disfrazado bajo el eufemismo de “gobernabilidad”. Una de las estrategias más evidentes para allanar el camino hacia ese control institucional ha sido la aprobación de leyes con carácter económico urgente, tramitadas en la Asamblea Nacional. Muchas de estas normas carecen de unidad de materia, se han procesado sin debate democrático, adolecen de serias deficiencias técnicas y, lo más preocupante, implican retrocesos en materia de derechos.

A este escenario se suma una nueva ofensiva por el control de la administración de justicia, evidenciada en el proceso de selección del Consejo de la Judicatura. El retraso de más de seis meses en la entrega de la terna por parte del Ejecutivo, sumado a la renuncia de varios postulantes por la falta de garantías en el proceso liderado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —hoy con una nueva mayoría alineada al oficialismo—, enciende las alarmas.

Particular preocupación ha generado la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, ya que de ella saldrá quien presida el Consejo de la Judicatura, máximo órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. La polémica creció tras la inhabilitación de un postulante en una etapa que no correspondía, lo que permitió completar la terna con el nombre del actual presidente del organismo, identificado como cercano al Ejecutivo. Esta maniobra se realizó pese a que la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia señaló públicamente que ese perfil no estaba contemplado originalmente.

A este intento de control institucional se suma la reciente reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, incorporada en la denominada Ley de Integridad Pública. Dicha normativa establece un régimen especial para el nombramiento, evaluación y remoción de operadores de justicia, además de declarar un estado de emergencia sin límites temporales. Esto configura un riesgo claro de arbitrariedad y discrecionalidad, prácticas que ya han hecho mucho daño al sistema judicial ecuatoriano en el pasado.

¿Por qué levantar la voz? Porque una democracia sin independencia judicial es apenas una fachada. Cuando se erosiona este pilar fundamental, se abre la puerta a una deriva autoritaria capaz de arrasar con derechos, libertades y garantías. Por eso, se vuelve urgente una ciudadanía informada, activa y vigilante, que cuestione, exija y defienda una justicia independiente, técnica y libre de corrupción.