El rector de la Escuela Politécnica Nacional, Tarquino Sánchez, calificó como un avance positivo la propuesta del Gobierno Nacional de crear un marco legal para el desarrollo de la energía atómica en Ecuador. Durante una entrevista, aseguró que el país necesita diversificar su matriz energética y dejar de depender exclusivamente de fuentes vulnerables al cambio climático como las hidroeléctricas.

La Ley Orgánica de Energía Atómica, que fue presentada por el Ejecutivo, busca normar, regular y fiscalizar el uso de esta tecnología en el país, creando una institucionalidad que incluya una agencia de control y un viceministerio especializado en este sector. Sánchez destacó que esta iniciativa, aunque tardía, marca el inicio de una nueva era energética para el Ecuador.

“El Ecuador no tiene experiencia en la construcción, operación ni mantenimiento de plantas nucleares, pero ya es hora de que se abra camino hacia fuentes limpias y sostenibles de generación eléctrica”, sostuvo. Recordó que la Politécnica Nacional ha trabajado por más de 40 años en el manejo de fuentes radioactivas para aplicaciones pacíficas, científicas y médicas.

Según el rector, una planta nuclear podría garantizar energía durante todo el año, independizándose de los efectos del estiaje que afectan a las hidroeléctricas y evitando las emisiones contaminantes propias de las plantas termoeléctricas. Aunque reconoció que estas inversiones son altas y de largo plazo, señaló que la capacidad de generación de un solo reactor podría suplir cerca de la mitad del consumo actual del país.

Consultado sobre los temores que genera la palabra “nuclear”, Sánchez recordó que la mayoría de países que usan esta tecnología no han sufrido accidentes como los de Chernobyl o Fukushima, siempre y cuando existan regulaciones claras y controles estrictos. “La energía atómica es segura si se respeta la norma. El reto es técnico, no político”, subrayó.

En cuanto a la posible ubicación de una futura planta, mencionó que los estándares internacionales sugieren sitios cerca del mar, con bajo nivel de habitabilidad y fácil control de acceso. Citó a provincias costeras como Manabí o Santa Elena como ejemplos de zonas que podrían analizarse.

Finalmente, destacó el rol que debe tener la academia en este proceso. Lamentó que la ley no incluya de forma explícita a las universidades nacionales en la investigación y desarrollo del sector, aunque reconoció que la norma sí plantea la creación de un Instituto de Investigación Nuclear que colaboraría con organismos internacionales.

“La energía nuclear no solo es generación eléctrica. Tiene aplicaciones científicas, médicas e industriales que ya se están utilizando en el país, y la academia debe ser parte activa del desarrollo de esta nueva etapa”, concluyó.