El abogado constitucionalista, Ismael Quintana, afirmó que la propuesta del presidente Daniel Novoa para implementar la castración química a violadores con sentencia ejecutoriada es jurídicamente viable y no contradice la Constitución ecuatoriana.
Quintana explicó, en entrevista para Teleamazonas, que la Constitución prohíbe penas que impliquen mutilación corporal, pero la castración química, a diferencia de la quirúrgica, no implica extirpación de órganos, sino la administración de fármacos que reducen la producción de testosterona para disminuir el deseo sexual. Esta medida, dijo, es reversible y se aplica en otros países sin violar derechos humanos.
El experto advirtió que la Corte Constitucional deberá distinguir entre castración química y quirúrgica, y basar su análisis en criterios médicos y constitucionales, especialmente tomando en cuenta el principio de interés superior del menor, que prioriza la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos sexuales.
“Por sobre todas las cosas, debe primar la protección a nuestros niños”, concluyó el constitucionalista.
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