El reciente episodio de sanciones en la Asamblea Nacional por gestos y expresiones durante sesiones legislativas ha desatado un debate profundo sobre la naturaleza del poder y la libertad de expresión en el espacio público. La suspensión de los asambleístas Dominique Serrano y Mireya Pazmiño —la primera por usar un adjetivo calificativo y el segundo por dibujar— fue analizado en Ecuavisa por el licenciado en filosofía Roberto Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez explicó que la polémica refleja un problema de fondo: la confusión entre lenguaje informativo y lenguaje normativo en la política. Mientras el primero dicta hechos, el segundo expresa actitudes subjetivas, por lo que intentar normar la expresión política puede cerrar el debate público y limitar la democracia.
El filósofo resaltó la crisis de legitimidad que atraviesa la Asamblea Nacional, donde sanciones y controles sobre el discurso desvían la atención de problemas estructurales, dificultando una conexión genuina con la ciudadanía. Según Sánchez, en lugar de castigar expresiones emotivas, la institucionalidad debe apostar por un debate más rico, prudente y abierto que revalorice la política como espacio de deliberación y búsqueda del bien común.
Se abordó además la necesidad de que los representantes cuenten con formación y compromiso ético previo a asumir cargos públicos, para fortalecer la calidad del debate y la toma de decisiones. La academia y los partidos políticos deben contribuir a esta preparación para evitar que la política se vacíe de sentido y se convierta en un mero ejercicio de control semántico.
Finalmente, el análisis planteó que el uso de sanciones por contenido o forma podría reflejar una fragilidad del poder para enfrentar críticas y una tendencia a silenciar disidencias en lugar de fomentar una verdadera pedagogía institucional basada en el respeto al debate plural.
Roberto Sánchez Martínez concluyó haciendo un llamado especial a los jóvenes para involucrarse en la política con información y argumentos sólidos, siendo protagonistas de la renovación democrática que Ecuador necesita.
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