El contralor general del Estado, Mauricio Torres, reveló que en lo que va de su gestión se han detectado graves irregularidades patrimoniales en al menos 59 jueces y fiscales del país, con indicios de responsabilidad penal, por montos que en algunos casos superan el millón de dólares sin justificación de origen.

De 110 exámenes realizados a jueces y fiscales, 57 jueces y 2 fiscales presentan inconsistencias graves en sus declaraciones patrimoniales, incluyendo depósitos en efectivo, compra de bienes sin sustento económico y movimientos bancarios sospechosos. “Más del 50% de quienes hemos examinado tienen indicios penales”, advirtió Torres.

Estas investigaciones se extenderán a todo el país. Por ahora, las anomalías detectadas corresponden a cinco provincias, pero en las próximas semanas iniciarán auditorías en Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, incluyendo también agencias de tránsito y registradores de la propiedad.

Hallazgos en hospitales públicos y obra pública

La Contraloría también ha identificado indicios de responsabilidad penal en hospitales del IESS y del Ministerio de Salud en Guayaquil y Quito, relacionados principalmente con compras y contrataciones irregulares. En el ámbito de obra pública, se han encontrado anomalías en empresas públicas municipales y en proyectos de generación eléctrica.

En el caso ATM y Progen, las dos empresas que firmaron contratos con CELEC para generación eléctrica, los informes revelaron que los equipos entregados no eran nuevos y no cumplían las especificaciones técnicas, lo que representa perjuicio para el Estado. Ambos informes han sido remitidos ya a la Fiscalía para que se inicien procesos por posibles delitos como peculado o tráfico de influencias.

A partir del 29 de julio, la Contraloría pondrá en marcha auditorías forenses e informáticas, como nuevas herramientas para reforzar la lucha contra la corrupción.

La auditoría forense permitirá determinar cómo y dónde se cometieron los delitos en el manejo de recursos públicos, mientras que la informática estará enfocada en revisar sistemas como el catálogo electrónico de compras públicas.

Desde que asumió funciones, Mauricio Torres ha remitido a la Fiscalía 491 informes con indicios de responsabilidad penal, además de glosas por 247 millones de dólares y órdenes de reintegro por más de 5 millones de dólares.
Los informes también han detectado irregularidades en agencias de tránsito, como en Durán y Manta, donde ya se realizan auditorías. Próximamente se sumarán otras ciudades.

Torres aseguró que esta nueva etapa de la Contraloría se caracteriza por la transparencia y la independencia. “La ciudadanía puede estar tranquila. Esta es una Contraloría que no persigue, pero tampoco tapa nada”, sentenció.

El contralor reiteró que están trabajando en conjunto con la Fiscalía, UAFE, SRI y Superintendencia de Bancos para cerrar espacios a la corrupción en todas las instituciones públicas.