Con el Decreto Ejecutivo 52, el presidente Daniel Noboa Azín oficializó la publicación del Reglamento General a la Ley Orgánica de Inteligencia, un instrumento que regula cómo se llevarán a cabo las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país.
El reglamento consta de 18 páginas, divididas en 12 capítulos y 36 artículos, además de disposiciones generales, reformatorias, derogatorias y una final. Su propósito es establecer los procedimientos para aplicar la ley vigente en todas las operaciones de inteligencia, enfocadas principalmente en garantizar la seguridad del Estado.
Así queda conformado el Sistema Nacional de Inteligencia:
- Entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia
- Subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas
- Subsistema de inteligencia de la Policía Nacional
- Subsistema de inteligencia de análisis financiero y económico
- Subsistema de inteligencia de la Casa Militar Presidencial
- Subsistema de inteligencia tributaria nacional
- Subsistema de inteligencia aduanera
- Subsistema de inteligencia penitenciaria del Sistema de Rehabilitación Social
- Otros que disponga el presidente de la República
El artículo 36 establece que la máxima autoridad de la entidad rectora podrá autorizar, por motivos de seguridad nacional, la retención, apertura, interceptación o examen de documentos o comunicaciones. Esta medida deberá observar estrictamente las disposiciones de la Ley Orgánica de Inteligencia.
Si alguna de las unidades que integran el sistema desea realizar estas acciones, deberá solicitarlo de forma motivada a través de la entidad rectora.
El reglamento también garantiza la seguridad de la máxima autoridad y de los especialistas en inteligencia y contrainteligencia, así como de sus familiares, en caso de que enfrenten amenazas directas por las operaciones que desarrollen.
Fondo de gastos especiales para inteligencia
El artículo 9 establece la existencia de un fondo permanente de gastos especiales destinado a financiar estas operaciones. Aunque el monto anual será público y constará en el Presupuesto General del Estado, el detalle de la ejecución de estos fondos será considerado información clasificada, en niveles de secreto o secretísimo.
El reglamento fortalece la estructura de inteligencia nacional en momentos en que el crimen organizado y el terrorismo son considerados amenazas prioritarias para la seguridad del Estado.
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