El proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado ha arrancado envuelto en cuestionamientos por parte de la veeduría ciudadana, cuyos integrantes denuncian haber sido marginados desde el inicio. El abogado Hugo Arteaga, coordinador nacional de los 254 veedores designados por el CPCCS, alertó que han sido excluidos de las fases técnicas iniciales del concurso y que se ha modificado el reglamento de manera inconstitucional para limitar su participación.

“Nos están dejando sin piso. Se nos cambió el reglamento a última hora. Cuando fuimos convocados, el artículo 6 señalaba que debíamos participar desde la primera fase. Luego lo reformaron para que entremos recién cuando se conforme la Comisión Ciudadana de Selección. Eso es retroactividad”, reclamó Arteaga en entrevista con Carlos Vera.

Según explicó, los veedores fueron elegidos para vigilar todo el proceso, incluyendo el trabajo del equipo técnico que conforma la comisión. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha ignorado sus oficios, no les ha asignado espacio físico ni presupuesto, y hasta la fecha solo han recibido credenciales de forma parcial.

“Vamos a acudir a los medios y a la ciudadanía. No queremos que se retrase el concurso, pero tampoco vamos a tolerar que se nos burle el derecho a la veeduría”, advirtió Arteaga.

Por su parte, el exconsejero Juan Esteban Guarderas recordó que el correísmo ya había intentado controlar el concurso desde 2024. Mencionó los chats del exconsejero Augusto Verduga, quien buscaba imponer un reglamento favorable a sus intereses, especialmente eliminando la prueba oral en la que destacó Diana Salazar en el concurso anterior.

“Desde hace tiempo buscan tomarse la Fiscalía. Diana Salazar les arruinó la fiesta a muchos. Esta veeduría es clave para impedir que se imponga un fiscal funcional a intereses políticos o criminales”, afirmó Guarderas.

El actual reglamento, aprobado con mínimas modificaciones a la propuesta de Verduga, limita el tiempo del concurso a un máximo de seis meses y asigna 50 puntos por méritos, 30 por prueba escrita y 20 por la oral.

Sin embargo, los veedores advierten que si no se respeta la transparencia desde el inicio, el proceso corre el riesgo de estar viciado. Arteaga reiteró que, si bien aún no consideran presentar acciones legales, no descartan hacerlo si persiste la exclusión.

“El país necesita un fiscal o fiscal que supere incluso la gestión de Diana Salazar, no alguien impuesto bajo las sombras. Por eso estamos aquí, y no vamos a callar”, concluyó.