El 22/oct/2009, entró en vigencia la Ley Orgánica de Control Constitucional. Han transcurrido 16 años desde su publicación. Tiempo en el que nadie se ha tomado la molestia de leerla para darse cuenta de que le falta un pedazo. 

Si lo hubiesen hecho, hubieran tenido que proponer una URGENTE reforma, pues todo lo que contraviene la Constitución carece de eficacia jurídica. [art. 424]. Pero esta ley no ha producido efectos jurídicos durante 16 años. 

El texto que falta, se llama ‘Exposición de Motivos”. Aún más grave: la Constitución dice en el art. 136: “Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”. ¿En ingles?: If the project does not meet these requirements, it will not be processed. Vamos Google, dímelo en chino: “Rúguǒ xiàngmù bù mǎnzú zhèxiē yāoqiú, zé bù huì dédào chǔlǐ”. 

¿Quedó claro? VIOLARON la Constitución. 

Y ¿Quiénes son los que ganan un sueldo para darse cuenta de que una ley está mal hecha? 

-Bueno hermano. No seas tan exigente. ¿Tú nunca te equivocas? Si, claro.  Pero no 4 veces y seguidas. Ni la ley electoral, ni la ley de la Asamblea, ni la de Participación Ciudadana con ka que [¿horror¡] se ha elegido todas las autoridades menos el Presidente, tienen la Exposición de Motivos. Las 4 fueron tramitadas violando el mandato expreso del art. 136. 

Pero no sé si reír o llorar: el art. 136 es el mismo que exige la UNIDAD DE MATERIA invocado por todo el garantismo penal contra las leyes de guerra. Ambos son requisitos formales. Así que darle paso a las demandas por ‘Unidad de materia?,  sería como ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio.  

-Voy a hacerme el gringo: ¡Shame on you!

¿Quién declara la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado? La tremenda Corte [art. 436. 10]. 

Urgente: Pedir a Nielse Olsen que -para salir del verdadero estado de ANOMIA [Ausencia de ley, RAE] en el que se encuentra el país, la Asamblea reforme ¡ya!  estas 4 leyes antes de que a alguien se le ocurra demande su inconstitucionalidad y tengan que pasar la vergüenza de declarar la inconstitucionalidad de su propia ley. 

Con la que se supone que trabajan.