El poder judicial de Ecuador enfrenta una crisis profunda. El Consejo de la Judicatura (CJ), responsable de la administración de la Función Judicial está al borde de perder su quórum operativo debido a disputas internas entre vocales y la inacción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para elegir nuevos miembros. Los vocales actuales están prorrogados desde enero de 2025 y ni siquiera cuentan con suplentes.

Esa falta de renovación administrativa ha impactado procesos clave: el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia fue declarado nulo en dos ocasiones, tras denunciar vulneraciones al sistema informático, y deficiencias en el Sistema Automático de Trámite Judicial (SATJE) .

En paralelo, han surgido fuertes tensiones políticas. Se presentó una solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del CJ, por presuntas presiones e intimidación a la jueza Nubia Vera en un caso relacionado con la vicepresidenta Verónica Abad. Godoy incluso la querelló por calumnia, mientras la Fiscalía abrió una investigación previa al respecto.

En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Godoy reconoció que existe “infiltración de redes criminales” dentro de la Judicatura, apuntando a corrupción sistémica y déficit de personal: se necesitan más de 750 jueces para cubrir todas las instancias, y la infraestructura judicial está en condiciones críticas en al menos el 38% de unidades.

También se reportan denuncias desde dentro del CJ. La vocal Solanda Goyes acusó a Godoy de “entregar cargos”, de monopolizar la agenda del Pleno y paralizar iniciativas presentadas por otros miembros, lo que ha contribuido a la parálisis institucional. Goyes enfrenta un juicio político impulsado desde el oficialismo, en represalia.

En medio de este escenario, la Asamblea liderada por ADN aprobó hace poco una nueva terna para el CJ, tras anular la anteriormente aprobada, lo que se puede interpretar como un intento de presentar candidatos afines al oficialismo. Falta aún la terna del Ejecutivo, cuya demora resulta sospechosa dado el contexto de urgencia institucional.

Este conjunto de maniobras demuestra que la justicia sigue siendo un botín político. Los cálculos electorales y de poder deterioran el sistema judicial, generando vulnerabilidades que afectan directamente a los ciudadanos y los privan de una justicia imparcial y expedita. Las necesidades y problemas son claros, y existen los procesos para comenzar a atenderlos, pero los políticos necesitan dejar de pensar su propio espacio de poder y comenzar a trabajar en los que hay que hacer, y eso lamentablemente, no parece que sucederá pronto.