La nueva Ley de Integridad Pública contempla una polémica disposición: ciertas cooperativas de ahorro y crédito podrían ser obligadas a transformarse en bancos privados, una medida que, según expertos, cambiaría la naturaleza jurídica y operativa de estas entidades, afectando directamente a sus socios.

Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, advirtió que esta reforma implica pasar de un modelo basado en personas (cooperativas) a uno orientado al capital (bancos). En entrevista con Teleamazonas, explicó que el cambio no solo es estructural, sino de fondo: los socios de una cooperativa —que actualmente tienen derecho a un voto cada uno, sin importar su aporte— pasarían a ser accionistas cuya influencia dependería del capital que posean.

“Es un cambio profundo en la gobernanza. Los socios tienen participación directa en la toma de decisiones. En un banco, solo quienes tienen capital significativo pueden influir”, explicó Hernández.

¿Por qué se impulsa este cambio?

La reforma se sustenta en la idea de reducir el riesgo sistémico, es decir, evitar que cooperativas grandes, por su tamaño o interconexión, puedan afectar al resto del sistema financiero. Sin embargo, Hernández cuestionó esa lógica, argumentando que el riesgo sistémico no está ligado al tamaño de la entidad, sino a su gestión y control.

“Si se tratara solo de tamaño, también deberíamos exigir lo mismo a los bancos grandes. El riesgo no está en el nombre de la entidad, sino en cómo se maneja”, dijo.

Actualmente existen unas 400 cooperativas reguladas, pero no se conoce aún cuántas podrían estar obligadas a transformarse. Una nueva Junta Financiera y Monetaria, creada por la misma ley, definirá en los próximos 90 días los parámetros y requisitos. Según proyecciones no oficiales, serían entre 10 y 13 cooperativas las que podrían ser afectadas.

Hernández señaló que desde el punto de vista del cliente, los servicios no cambiarían. Sin embargo, los socios podrían perder su condición y convertirse automáticamente en accionistas, sin que se respete su voluntad ni se les consulte. Este punto podría generar un conflicto con el artículo 319 de la Constitución, que protege el derecho de los ciudadanos a elegir formar parte de organizaciones de economía solidaria.