La vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, confirmó que el organismo se encuentra listo para declarar el estado de emergencia del sistema judicial ecuatoriano, una medida que permitiría enfrentar la grave crisis que afecta a la justicia en el país. Sin embargo, la resolución aún no se ha podido aprobar debido al reposo médico de la vocal Solanda Goyes, cuya ausencia impide sesionar al Pleno.

En entrevista con Ecuavisa, Yupangui sostuvo que la emergencia permitirá actuar frente a tres ejes críticos: infraestructura deteriorada, escasez de jueces y combate a la corrupción interna. Según datos del propio Consejo, actualmente faltan 753 jueces a escala nacional y el sistema opera con presupuesto reducido en más de 200 millones de dólares respecto a años anteriores.

“No estamos esperando nada, ya trabajamos en los informes para la declaratoria. Solo falta que se reincorpore la doctora Goyes”, explicó Yupangui, quien recordó que tanto ella como Goyes no tienen suplentes y eso impide avanzar con decisiones urgentes.

¿La emergencia traerá recursos?

Consultada sobre si la declaratoria garantizará recursos económicos, Yupangui admitió que no hay ninguna certeza, pero espera que el Ejecutivo actúe. “Puede sonar como un sueño, pero confío en que con esta medida al menos se entreguen fondos indispensables para salir de esta crisis”, dijo. Reveló que ha habido acercamientos con el Ministerio de Finanzas, aunque sin resultados concretos hasta ahora.

Uno de los puntos más sensibles para la vocal es la depuración del sistema judicial, ante los múltiples casos de jueces destituidos por faltas. Yupangui propuso una depuración previa a cualquier evaluación, en la que se involucre a la Fiscalía, la UAFE y la Contraloría, para verificar los antecedentes de cada juez en funciones. “La idea es tener un bloque de jueces limpios y confiables antes de iniciar cualquier evaluación o recategorización”, señaló.

La vocal fue enfática en su rechazo a la designación de jueces sin concurso, incluso en emergencia. “Sería impresentable. La ley no define la temporalidad de esos cargos y se corre el riesgo de que permanezcan años en funciones sin haber sido seleccionados adecuadamente”, sostuvo.