El episodio protagonizado por el asambleísta Dominique Serrano se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre el papel que juegan los jóvenes en la política ecuatoriana. Este caso, lejos de ser anecdótico, nos obliga a mirar con seriedad la falta de profesionalismo, preparación y compromiso con la función pública.

A mediados de mayo de este año, los medios de comunicación anunciaban con entusiasmo la renovación de la Asamblea Nacional del Ecuador: un hemiciclo con rostros jóvenes, frescos, llenos de expectativas. De los 151 legisladores, una parte significativa —según datos del Observatorio Legislativo— pertenece a las generaciones millennials y centennials.

Los titulares celebraban un aire nuevo en la política nacional. El Código de la Democracia había permitido, tras años de luchas, que más jóvenes accedan al poder. Pero, incluso desde entonces, ya se levantaban voces de alerta: ¿Estaban preparados? ¿Qué tipo de formación política habían recibido?

Apenas dos meses después, esa imagen de renovación ya luce desdibujada y desacreditada. Lo ocurrido con el asambleísta Serrano no representa a toda la juventud, pero sí evidencia un problema profundo. Lo que muchos esperaban fueran aportes con nueva visión, innovación y sensibilidad social, se convirtió en lo más viral de la semana pasada, gracias a los garabatos hechos por aburrimiento, como si estuviera en una clase escolar y no en un espacio donde se decide el destino del país.

Entonces, ¿dónde está el verdadero error? ¿En el Código de la Democracia? ¿En la formación política de las juventudes? ¿O en los partidos que, por llenar las listas, postulan a quienes no están preparados para asumir responsabilidades tan serias?

Demás está decir que los primeros dos meses de esta nueva Asamblea han dejado mucho que desear. En un contexto como el actual, donde las narrativas tienen más poder que los hechos, lo que se percibe importa —y mucho—. Vemos leyes aprobadas a la carrera, muchas de las cuales ya enfrentan demandas de inconstitucionalidad por errores tanto de forma como de fondo.

Los ecuatorianos anhelamos que esta Asamblea, que aún conserva un 49,6% de aprobación según la encuestadora Imasen, sea más que una maquinaria de levantar la mano. Esperamos un legislativo que fiscalice, que legisle con responsabilidad, y que represente un ejemplo de ética pública. Porque sin ética, no hay democracia que resista.

Lo más grave es que el escándalo de los dibujos terminó destapando un problema aún mayor: el nepotismo. A raíz del caso Serrano, salieron a la luz más de 40 contratos irregulares vinculados a tráfico de influencias y contratación de familiares dentro del mismo cuerpo legislativo. ¿Qué habría pasado si nunca lo veíamos dibujando? ¿Cuántas irregularidades seguirían ocultas?

En este sentido, hay que reconocer el accionar del presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Su postura fue oportuna y firme. Pero eso no basta. Necesitamos que se sienten precedentes reales, que se investigue a fondo y que se revele quiénes son los asambleístas que se aprovecharon de su cargo para colocar a sus familiares y allegados en cargos públicos. La impunidad debe dejar de ser la norma.

Decir que a Serrano se le está haciendo “bullying”, como afirmaron algunos miembros de su bancada, es no entender el fondo del problema. Así se tenga 19 años, hay que ser y parecer. Si se accede a una función pública, se asume con responsabilidad, no con excusas.

Por eso es urgente hablar de meritocracia. Diversos estudios en América Latina coinciden en que la corrupción y el clientelismo político son los principales obstáculos para su aplicación. No basta con tener voluntad política. Se requiere de una estructura institucional sólida, con normas claras, con criterios objetivos, y con una ciudadanía que exija resultados.

De lo contrario, seguiremos siendo el país de las leyes que no se cumplen, de los concursos amañados y de la trampa hecha norma. Porque si algo caracteriza a esta crisis institucional, es su repetición. Hoy es Serrano. Mañana será otro. Y así, el desgaste ético continúa mientras el país se queda sin referentes de integridad.

Como si no bastara con lo anterior, el 8 de julio —día en que se redacta este artículo— se conoció la denuncia contra el asambleísta Santiago Díaz por un presunto abuso sexual contra una menor de edad. Su propio movimiento, la Revolución Ciudadana, lo separó de sus filas. Lo que debería ser una excepción se convierte en una constante: seguimos cayendo más bajo, y esto ya es monstruoso.

Como conclusión puedo aseverar que este no es un ataque a la juventud, sino un llamado de atención a los partidos, al sistema y a la ciudadanía:

La ética no tiene edad, pero sí exige preparación, integridad y respeto por la función pública. Si queremos otra clase política, debemos empezar por exigir otra forma de llegar al poder y otra forma de ejercerlo. La Asamblea Nacional tiene hoy la oportunidad histórica de dejar atrás su peor versión. Pero para eso, hace falta más que discursos. Hace falta carácter.