La extradición de alias Fito entra en una fase clave. Este jueves, el presidente de la Corte Nacional de Justicia notificará oficialmente al líder de Los Choneros sobre el pedido formal de extradición enviado por Estados Unidos. Si el procesado acepta ser entregado, podría estar en territorio estadounidense en un plazo de 30 días, según confirmó la abogada constitucionalista Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico Social de la Universidad de San Francisco.

“Este es un momento procesal muy importante. Si alias Fito consiente la extradición, el trámite se vuelve expedito. Solo resta verificar requisitos como la doble tipicidad del delito y la garantía de que no se aplicará pena de muerte ni tratos inhumanos”, explicó Aguirre.

Pero si el reo se opone, se activará un proceso contradictorio que incluye apelaciones ante la sala penal de la Corte Nacional y podría alargar el procedimiento. En cualquier escenario, la última palabra la tendrá el presidente de la República, quien deberá ratificar la entrega.

Aunque Fito tiene condenas pendientes en Ecuador, Aguirre señala que la Ley de Extradición contempla la figura de “entrega en suspenso” o con efecto diferido, lo que permitiría su traslado a Estados Unidos mientras se negocia el cumplimiento posterior de sus penas en el país.

“El artículo 18 de la ley lo permite. Todo dependerá del acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador y de lo que decida el presidente de la Corte Nacional”, explicó.

Bases extranjeras y referéndum, ¿se alcanzan los tiempos?

En otro tema clave, Aguirre analizó el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre realizar un referéndum para permitir la presencia de fuerzas extranjeras en territorio ecuatoriano. La constitucionalista indicó que los tiempos dependen exclusivamente del Ejecutivo.

“Todo parte de cuándo el presidente envíe la convocatoria a la Corte Constitucional. A partir de ahí, hay un plazo de 20 días para el control de constitucionalidad. Si Noboa mueve rápido sus fichas, sí podría realizarse el referéndum en diciembre”, puntualizó.

Sin embargo, aun si la propuesta recibe el respaldo popular, no se instalarán bases militares de forma inmediata. Se requeriría la firma de un tratado internacional que, además, podría pasar por un nuevo control constitucional.