El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de la Comisión de Fiscalización para suspender los plazos del juicio político contra Solanda Goyes, vocal principal del Consejo de la Judicatura, quien actualmente se encuentra con reposo médico.

Con siete votos en contra, el CAL resolvió que no tiene competencia para resolver sobre la suspensión solicitada, ya que el juicio político fue admitido y calificado previamente por la Comisión de Fiscalización. Así lo señaló la legisladora Mónica Salazar, quien argumentó que el trámite ya se encuentra en curso y bajo responsabilidad exclusiva de la comisión.

El caso de Goyes ha ganado atención luego de que se conociera que la Judicatura no ha podido sesionar debido a su ausencia por motivos de salud. No obstante, el proceso político continúa su marcha, mientras el CAL revisa la documentación médica y jurídica presentada por la funcionaria, antes de tomar una decisión definitiva dentro de sus competencias constitucionales.

¿Por qué es enjuiciada?

El proceso de interpelación contra Goyes fue impulsado por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que la acusa de incumplimiento de funciones. Según sus denuncias, en al menos cuatro ocasiones Goyes se habría negado a dar quórum para instalar sesiones del Pleno de la Judicatura, en protesta por no incorporar observaciones de su despacho en el reglamento para el concurso público de selección de jueces constitucionales.

De acuerdo con los interpelantes, su negativa habría obstaculizado el avance del proceso para renovar la Corte Constitucional, mientras que Goyes defiende su postura señalando que buscaba evitar vicios de nulidad o inconstitucionalidad.

Durante la misma sesión, el CAL conoció cuatro proyectos de ley presentados por distintos legisladores, pero ninguno fue calificado por incumplir los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el informe de la Unidad Técnica Legislativa.

El juicio político contra Solanda Goyes sigue en pie y se convierte en una pieza clave en medio de la renovación parcial del Consejo de la Judicatura y las tensiones por el futuro de la Corte Constitucional.