Ecuador enfrenta una de las peores crisis en su sector petrolero. Actualmente, la producción nacional se ha desplomado en un 87 %, pasando de 369.000 barriles diarios el 1 de julio a apenas 48.000 barriles en la última jornada. Las exportaciones están suspendidas, los tanques de almacenamiento se encuentran a su máxima capacidad, 560 pozos han sido apagados y los principales oleoductos del país —el SOTE y el OCP— están inoperativos.

La situación fue calificada como crítica por Fernando Sagnay, ingeniero en petróleos y docente investigador de la ESPOL, quien explicó que apagar pozos petroleros no solo representa una pérdida económica irrecuperable, sino que reactivar muchos de ellos implica costosos y complejos procesos técnicos, que pueden superar los 400.000 dólares por pozo si presentan daños.

“Un pozo que se apaga no siempre se puede volver a encender. A veces se requiere cambiar toda la tubería. Y lo que no se produce hoy, se pierde para siempre”, advirtió Sagnay.

Con los oleoductos fuera de operación y los tanques llenos, los técnicos se ven obligados a detener pozos que son difíciles o imposibles de apagar sin causar daños. Cada decisión tiene costos millonarios. Además, la industria nacional ya arrastra una obsolescencia acumulada, falta de repuestos, infraestructura crítica y un mantenimiento limitado por la falta de recursos.

“Esta no es una emergencia sorpresiva. Se sabía que podía pasar y no se tomaron acciones preventivas. El problema del SOTE es conocido desde hace años”, dijo el experto.

¿Dónde están los técnicos?

Aunque la industria está semiparalizada, Sagnay señaló que los trabajadores en los campos no están inactivos, sino que se enfocan en mantenimiento y reparación de instalaciones que normalmente no se podrían intervenir con la operación activa. “Ahora es cuando se aprovecha para arreglar lo pendiente”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que la precariedad también domina en esta etapa, pues se recurre al ingenio técnico para suplir la falta de piezas, herramientas o maquinaria.

Una de las soluciones urgentes que se han planteado es modificar el trazado del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) para evitar los puntos de mayor riesgo geológico. Esta obra requeriría al menos 250 millones de dólares y no es nueva: los estudios para su construcción existen desde hace años, pero no han sido ejecutados por decisiones políticas, según Sagnay.