La Cámara de Minería de Ecuador (CME) arremetió con fuerza este miércoles contra el nuevo cobro impuesto por el Gobierno: presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente tasa de fiscalización minera, a la que califican como un pago “desproporcionado” que pone en riesgo toda la industria.

“Una tasa así eliminaría a Ecuador del mapa como destino de inversión”, advirtió en rueda de prensa la presidenta del gremio, María Eulalia Silva, quien denunció que especialmente la fase de exploración —donde aún no hay retorno económico— se verá gravemente afectada.

La acción judicial llega después de que el Ejecutivo aprobara el cobro como mecanismo para reforzar el control estatal y combatir la minería ilegal. Sin embargo, la CME considera que la medida solo generará desempleo y podría fomentar el auge de actividades extractivas informales.

Sin diálogo y contra el tiempo

Según Silva, desde hace cinco semanas han solicitado establecer una mesa técnica con el Gobierno para discutir el tema. Sin éxito. Ante la negativa, optaron por la vía judicial.

“Nos vimos abocados a presentar esta acción de inconstitucionalidad”, sostuvo, lamentando que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) tampoco aceptó suspender el cobro durante el proceso de diálogo.

Piden frenar el cobro de inmediato
El abogado constitucionalista Emilio Suárez, quien representa a la Cámara, explicó que la denuncia también solicita la suspensión urgente de la tasa, cuyo primer pago ya está vigente y debe ser cancelado antes del 31 de julio.

“Esto es un impuesto encubierto”, señaló Suárez, recordando que, a diferencia de los impuestos que requieren aprobación legislativa, esta tasa fue emitida directamente por Arcom sin pasar por la Asamblea, lo que —según él— vulnera los principios constitucionales.

Además, alertó que este tipo de medidas puede abrir la puerta a que el Ejecutivo imponga cargos similares a otros sectores como las farmacéuticas o el agro, “para combatir el narcotráfico o la tala ilegal”, sin los debidos controles legales.

La demanda de la CME se suma a otras tres ya presentadas ante la Corte Constitucional por empresas privadas y estudios jurídicos. El gremio espera que, al tratarse de una acción urgente, la Corte se pronuncie en un plazo de seis meses, frente al promedio ordinario de dos años y medio.