La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional decidió asumir de manera directa la investigación sobre los contratos suscritos por el Ministerio del Interior con la empresa Geosansor, tras las recientes denuncias públicas por posibles irregularidades.

Durante la sesión del 8 de julio, el pleno de la comisión aprobó por unanimidad que el caso pase a ser competencia exclusiva de esta mesa legislativa, en lugar de una subcomisión, como inicialmente se había planteado. La presidenta de la comisión, Ana Galarza, argumentó que dada la gravedad del tema, se requiere un tratamiento urgente y con responsabilidad institucional.

Los legisladores acordaron solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la autorización para que funcionarios de la comisión viajen a Cuenca con el fin de verificar in situ las condiciones de funcionamiento de Geosansor. Esta empresa habría sido contratada para proporcionar equipamiento a la Policía Nacional, pero los cuestionamientos giran en torno a los procesos de adjudicación y a la idoneidad técnica de los productos entregados.

La decisión se tomó luego de que varios parlamentarios alertaran sobre la posible existencia de sobreprecios y vínculos con funcionarios públicos. En este contexto, la comisión también resolvió requerir a diversas instituciones información detallada sobre los contratos firmados, los responsables de su aprobación y los informes técnicos correspondientes.

Ana Galarza enfatizó que este caso será abordado con independencia política y con el compromiso de garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.