El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió que la investigación sobre la entrega de bonos por parte del Gobierno anterior sea tramitada por la Comisión de Transparencia, dominada por el bloque oficialista ADN, y ya no por la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por la Revolución Ciudadana (RC). La medida ha desatado un nuevo choque político en la Asamblea.
La RC reaccionó con dureza y calificó la decisión como “ilegal”, alegando que una vez iniciado un proceso de fiscalización por una comisión, ninguna otra puede asumirlo ni interferir, conforme lo establece el procedimiento legislativo.
“El objetivo es evidente: enterrar cualquier posibilidad de verdad y justicia, tal y como se hizo con Progen, y blindar al Gobierno de Daniel Noboa frente a otro caso gravísimo de recursos públicos”, denunció el bloque correísta en un comunicado.
La Comisión de Garantías Constitucionales, que había iniciado la indagación, pretendía fiscalizar la entrega de los bonos:
- Incentivo Emprende
- Jóvenes en Acción
- Ecuatorianos en Acción
- Compensaciones a afectados por derrames petroleros en Esmeraldas
Para la RC, estas ayudas habrían sido usadas de forma política en el marco de la campaña presidencial de Noboa, algo que el oficialismo niega rotundamente.
Este no es un hecho aislado. Es la segunda vez que el CAL desvía un proceso de fiscalización promovido por el correísmo hacia comisiones donde el oficialismo tiene mayoría. El primer antecedente fue el caso de los contratos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management, también derivados a la Comisión de Transparencia.
Desde el oficialismo, el argumento es que esta comisión tiene competencia para tratar casos relacionados con recursos públicos y políticas gubernamentales. Pero la oposición ve en estos movimientos una estrategia de blindaje político.
El choque entre bloques por el control de las fiscalizaciones anticipa una nueva etapa de confrontación en la Asamblea, en un escenario donde el oficialismo y la RC se disputan el relato sobre el uso de fondos públicos en medio del delicado contexto político que atraviesa el país.
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