El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños y nicaragüenses que residen en el país desde hace más de dos décadas. La medida entrará en vigor el próximo 6 de septiembre de 2025 y afectará a unos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según notificó el Registro Federal.

La decisión fue adoptada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de una ofensiva migratoria más amplia del gobierno de Donald Trump, quien retomó su segundo mandato con la eliminación del TPS para varios países, incluyendo Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún.

El TPS para ciudadanos de Honduras y Nicaragua fue aprobado en 1999 como respuesta humanitaria a los estragos causados por el huracán Mitch, que devastó Centroamérica en 1998 y dejó más de 10.000 muertos, según la NOAA. Desde entonces, el estatus había sido renovado periódicamente bajo distintos gobiernos.

Sin embargo, Kristi Noem argumentó que ambos países han tenido una “recuperación significativa”, citando el desarrollo del turismo, la inversión inmobiliaria en Honduras y el crecimiento del sector energético en Nicaragua como prueba de que sus ciudadanos ya pueden regresar.

“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal“, señaló Noem en un comunicado oficial.

Críticas por la desconexión con la realidad

Pese a lo expresado por el gobierno de Trump, organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos advierten que las condiciones en Honduras y Nicaragua distan mucho de ser seguras. El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene alertas vigentes que desaconsejan viajar a ambos países por razones de criminalidad, represión política y deficiencias en salud pública.

En Honduras, sigue vigente un estado de emergencia que suspende derechos constitucionales en amplias zonas del país. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha sido acusado por la ONU de consolidar una dictadura con represión sistemática a la disidencia y cierre de espacios civiles.

Miles de migrantes que han vivido y trabajado legalmente en EE.UU. durante décadas ahora enfrentan la incertidumbre de la deportación o la necesidad de buscar otras vías migratorias antes del 6 de septiembre. No está claro aún si habrá acciones legales para frenar la medida, como ocurrió recientemente con el caso de Haití, cuyo TPS fue bloqueado por un juez federal.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, lamentó la decisión y afirmó que responde a una tendencia general del actual gobierno estadounidense.

“Le ha pasado a otros países, y ahora a nosotros”, dijo.

La eliminación del TPS representa un golpe para miles de familias migrantes que han construido su vida en EE.UU., y pone en la mira la política migratoria restrictiva que el gobierno de Trump ha reinstaurado desde su retorno a la Casa Blanca.