En la Comisión de Garantías Constitucionales, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar (FEPNAH) de Zamora Chinchipe, Leonidas Iza y Washington Tiwi, respectivamente, expresaron su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Al defender el proyecto de ley, Leonidas Iza señaló que se trata de garantizar un mecanismo de reparación histórica. Afirmó que no se trata de un mero formalismo o trámite por cumplir, sino de un derecho reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional.

“Más que un texto legal, es el reflejo de un reclamo histórico y legítimo de los pueblos indígenas, afros y montubios. La propuesta representa una exigencia institucional, constitucional y un mandato de justicia pendiente con los pueblos originarios del Ecuador. Esta normativa busca garantizar derechos y lograr una legislación transversal, libre de vicios”, sostuvo, al recalcar que estas comunidades son fundamentales en la defensa del territorio, la vida, el agua y la producción agrícola del país.

“Esta ley es un instrumento jurídico, pero también un acto de respeto, de reconocimiento y de construcción democrática real”, concluyó.

Por su parte, Washington Tiwi también expresó su respaldo a la ley, destacando los avances en derechos alcanzados por los pueblos y nacionalidades. Subrayó la necesidad de descolonizar el pensamiento y propuso que el proyecto se construya de forma participativa, incorporando las voces de las comunidades. Planteó que la ley debe ser más articulada y pertinente, para permitir el pleno ejercicio de derechos dentro de un Estado plurinacional, y que incluya artículos relacionados con la reparación y la remediación.

“La ley va a permitir destrabar un sinnúmero de problemáticas que vivimos en el día a día”, afirmó, al mostrar su preocupación por el hecho de que más del 68 % del territorio de Zamora Chinchipe cuenta con concesiones mineras, lo que evidencia la falta de control sobre la explotación minera ilegal.

Los legisladores interactuaron activamente en la sesión y expresaron diversas inquietudes: cómo garantizar la participación efectiva del Estado y de los pueblos en el proceso de consulta, para que este no quede en letra muerta. También preguntaron cómo se puede denunciar la política extractiva en el país.

Se abordaron otras preguntas relevantes: ¿quién debe ser el sujeto consultado?, ¿cómo se concibe el desarrollo dentro del territorio?, ¿cómo incluir a otros sectores que no están identificados como indígenas, afroecuatorianos o montubios?, y ¿qué actividades deben estar sujetas a consulta?

El asambleísta Fernando Cedeño enfatizó la necesidad de respetar los marcos jurídicos y las normas internacionales para lograr una armonización adecuada de la ley.

Esta iniciativa no solo representa una herramienta jurídica, sino un paso hacia la reparación histórica y la construcción de un Estado verdaderamente plurinacional, donde la voz de las comunidades no sea una formalidad, sino un principio fundamental de democracia y justicia social.