Ecuador arrastra los mismos problemas desde hace años: inseguridad, crisis económica y falta de empleo, y corrupción. Nadie niega que son problemas complejos. Incluso en países con instituciones sólidas, finanzas sanas y políticos que cooperan, enfrentarlos es un reto. En un país como el nuestro, sin esas condiciones, el desafío es aún mayor.

En el caso ecuatoriano, la situación se complejiza cuando quienes deben tomar decisiones y actuar se inventan obstáculos. El favorito, echar la culpa a la norma: “las leyes no nos dejan”. Con esa excusa, aprueban reformas que no solucionan los problemas y que solo sirven como manifestaciones de la fuerza y el poder de los votos en el Legislativo. Así, nacen leyes incoherentes y alejadas de los principios jurídicos, a través de procedimientos viciados, en las que incluso se mezclan temas que deberían ser debatidos por separado.

El “frankenstein” creado a través de las recientes leyes urgentes en materia económica – cuyos largos y tediosos nombres son resumidos hábilmente en cualidades como la solidaridad y la integridad – ha generado reacciones negativas y críticas desde varios sectores. Lo fundamental es tener claro que, si realmente se quiere solucionar los problemas que nos afectan, ya existe un marco legal que permite a las autoridades actuar. Nuestro país no sufre de falta de leyes o de debilidad de sus disposiciones, sino de incapacidad de cumplir y hacer cumplir lo que ya está dispuesto.

¿Es necesario seguir reformando leyes o creando nuevas con nombres rimbombantes? ¿Es necesario hacerlo pisoteando disposiciones constitucionales y legales vigentes? La respuesta a estas dos preguntas es evidente. El proceso de aplicar las normas no es fácil, pero requiere un alto nivel de voluntad política y de compromiso con el país, dejando de lado la parafernalia comunicacional, el discurso estigmatizante o el show mediático. Si efectivamente hay interés en el bienestar ciudadano, ¿por qué no empezar, por ejemplo, ejecutando el presupuesto de inversiones disponible?

Que estas nuevas acciones no nos lleven, después de una vuelta, a la misma situación inicial, la de un país atrapado en la inseguridad, sin crecimiento económico ni oportunidades laborales, con normalización de la corrupción y con una institucionalidad en ruinas. Mientras no exijamos coherencia y respeto a la ley, seguiremos en este círculo vicioso, viviendo los nefastos resultados de una política que, más allá de los nombres de quienes la ejercen, prefiere tomar “atajos” a implementar soluciones.