La problemática de los estados al enfrentar a mafias organizadas, que disponen de ingentes recursos, influencias en las esferas del poder político, judicial y empresarial, son múltiples. Estas organizaciones siempre están tratando de infiltrarse en las instituciones que tienen como responsabilidad combatir a estas mafias. Esto lo hacen, con la finalidad de obtener ventajas sobre la sociedad y el gobierno de turno, para evitar su control y neutralización.

En Ecuador se ha hecho evidente la necesidad de una depuración en las instituciones de seguridad y control del Estado, especialmente en la Policía Nacional. Cada vez son muy notorios y de mayor relevancia los casos que involucran a ciertos miembros de PP.NN , FF.AA. y SNAI, en actividades ilegales, como el tráfico de estupefacientes, robo de drogas en bodegas judiciales, contrabando de armas, o pasando información a las mafias que controlan la minería ilegal, las conexiones y relacionamiento con miembros de las organizaciones criminales y en otros casos hasta como de estas bandas. No sabemos y no podemos todavía cuantificar los niveles de infiltración de las organizaciones criminales que operan en el país en las instituciones de seguridad, pero lo cierto es una situación institucionalizada, porque los casos son puntuales.

Si el Gobierno quiere ser eficiente y tener éxito en esta guerra contra las organizaciones narcos -terroristas que operan en el país, debemos paralelamente, empezar por lo primero: una depuración total y efectiva de estas instituciones. En buena hora que las autoridades están identificando y entregando a la justicia a estos malos miembros que han sido cooptados y que han tomado el camino de la criminalidad. De esta manera, se previene que pueda existir un efecto multiplicador dentro de estas instituciones.

Ante este panorama el Estado debe formular políticas públicas que vayan encaminadas a solucionar este problema. De no tomarse medidas preventivas y oportunas, puede alcanzar dimensiones incontrolables, como sucedió en México con el grupo criminal de los” Zetas”, quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas y daban seguridad en las rutas del narcotráfico y, finalmente, se convirtieron en un cartel, elevando la criminalidad, la violencia y el poder bélico de los carteles.

Por lo tanto, hay que evitar que el personal policial, militar y guías penitenciarios, que fueron separados por mala conducta y actividades antiéticas, sean reincorporados a las filas institucionales mediante fallos judiciales dudosos.

Fortalecer las acciones de control interno y de contrainteligencia dentro de las instituciones. Que los malos elementos sean judicializados y les caiga todo el peso de la ley. Realizar pruebas periódicas de confianza a todos los miembros de estas instituciones (polígrafo/entrevistas/perfilamiento). Ser más rigurosos en los procesos de selección, reclutamiento, formación y capacitación profesional. También es indispensable la profesionalización de los guías penitenciarios, creando un Cuerpo de Gendarmería Nacional, como existe en países como Argentina y Chile para el control y seguridad de los centros penitenciarios, con sueldos equiparados con FF.AA y PP.NN.

La Contraloría General del Estado, debe exigir las declaraciones patrimoniales en todos los niveles de mando al personal militar, policial, guías penitenciarios y directivos del SNAI.

Solo de esta manera se puede garantizar que la lucha emprendida por el Gobierno Nacional, contra el crimen trasnacional, tenga resultados tangibles, que la ciudadanía se sienta respaldada y confíe en sus instituciones que velan por su seguridad y que, para las organizaciones criminales sea complicado infiltrarse a estas instituciones, porque cuentan con recursos humanos valiosos, con principios y valores y con un alto sentido de servicio a su Patria.