La entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública marca un antes y un después en el sistema de evaluación del sector público ecuatoriano. A partir de ahora, los más de 490 mil funcionarios del Estado deberán someterse a evaluaciones semestrales, técnicas, obligatorias y vinculantes, cuya calificación de “insuficiente” puede derivar en su destitución inmediata.

Para analizar este cambio, Ecuavisa conversó con Rodrigo López, docente de la Universidad San Francisco de Quito y consultor en eficiencia del gasto público. El académico alertó sobre posibles limitaciones de la ley al señalar que sin métricas objetivas claras, las evaluaciones podrían caer en la subjetividad de los jefes inmediatos.

“Históricamente, las evaluaciones en el sector público arrojan notas sobresalientes, incluso cuando el desempeño es pobre. Si no se vinculan los resultados con la asignación presupuestaria, la reforma puede quedar en papel”, advirtió.

López insistió en que el problema estructural del Estado no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Señaló que la falta de interoperabilidad entre sistemas, la rigidez presupuestaria y la escasa planificación a partir de resultados concretos son factores que frenan la eficiencia.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la dificultad para desvincular personal, incluso en procesos donde se evidencian bajos resultados. López recordó que en el 2020, pese a procesos masivos de supresión de partidas, muchos funcionarios regresaron a sus puestos gracias a entramados legales que impidieron hacer efectiva su salida.

También explicó que el Estado ecuatoriano indemniza hasta con 150 salarios básicos a un funcionario desvinculado, lo que representa un fuerte golpe fiscal.

López sugirió que, más allá de las evaluaciones semestrales, se deben implementar pilotos de presupuestos por resultados, donde se mida el rendimiento de una institución en función de los bienes y servicios producidos, como atenciones médicas, trámites realizados o estudiantes beneficiados.

Además, propuso alternativas como el trabajo por horas en el sector público, diferenciación de jornadas y revisión de procesos innecesarios, con el fin de reducir el tamaño del Estado sin afectar los servicios esenciales.