La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, permanece hospitalizada tras ser sometida a una intervención quirúrgica el 3 de julio en Quito. Su estado de salud la llevó a solicitar formalmente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la suspensión de los plazos dentro del juicio político que se sigue en su contra.

Mediante un oficio remitido desde la clínica donde permanece internada desde el 30 de junio, Goyes pidió que se detenga temporalmente el proceso, argumentando que su condición médica le impide ejercer su defensa en igualdad de condiciones y que la continuidad del juicio vulneraría su derecho al debido proceso.

Pese al pedido, la Comisión de Fiscalización resolvió continuar con la sustanciación del juicio y aprobó el calendario para la etapa de presentación de pruebas. No obstante, remitió la solicitud de Goyes al Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que deberá pronunciarse sobre una eventual suspensión de los plazos.

El proceso fue impulsado por el legislador Fernando Jaramillo, quien acusa a Goyes de incumplimiento de funciones al haberse ausentado sin justificación de sesiones clave del Pleno del Consejo de la Judicatura. Según la denuncia, su ausencia impidió la aprobación de un reglamento necesario para avanzar con la selección de jueces constitucionales.

La Comisión calificó a trámite el juicio político el pasado 13 de junio. Aunque Goyes ya presentó sus pruebas de descargo el 1 de julio, su equipo legal sostiene que su participación activa en la defensa se ha visto limitada por la hospitalización y el periodo de recuperación médica estimado en 20 días.

La decisión final sobre la suspensión o continuidad del juicio político dependerá ahora del CAL. Mientras tanto, el proceso avanza en medio de cuestionamientos sobre si se está garantizando plenamente el derecho a la defensa de la funcionaria.