El asambleísta Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó que la Asamblea Nacional solo esté tramitando los proyectos del Ejecutivo, mientras sus propuestas siguen sin respuesta, pese a haber presentado más de 20 iniciativas.

En entrevista con Teleamazonas, Serrano sostuvo que aún no conocen cuáles de sus proyectos fueron incluidos en la hoja de ruta legislativa presentada esta semana, aunque les han asegurado que “la mayoría fue recogida”.

Entre las reformas clave que impulsa el PSC están:

• Endurecimiento de penas y eliminación de beneficios a delincuentes, para frenar la crisis de inseguridad.
• Apoyo al agro, pesca y ganadería a través del nuevo Código Agropecuario.
• Una reforma para que el gobierno no use más los fondos del IESS como caja chica.

Serrano enfatizó que sin seguridad no habrá reactivación económica ni turística, y destacó que el PSC seguirá respaldando toda normativa orientada al castigo firme a la delincuencia. Recordó que ya presentaron propuestas para sancionar la pertenencia a grupos armados, y que varias de esas ideas ya fueron recogidas por el actual gobierno.

“El turismo está en retroceso. Solo Galápagos perdió el 20% de sus visitantes el año pasado. Eso es una alerta gravísima”, dijo.

Reforma laboral y del IESS: una deuda pendiente

Sobre la reforma laboral, aclaró que su bancada no ha presentado ninguna propuesta, pero reiteró su posición de crear un sistema paralelo al Código de Trabajo actual, especialmente enfocado en nuevas contrataciones y empleo juvenil.

En el caso del IESS, Serrano insistió en una prioridad: que los gobiernos dejen de utilizar sus fondos, lo cual –afirma– ha generado una deuda acumulada superior a USD 27.500 millones. También pidió una “reingeniería institucional” para reducir el costo de operación del IESS, que hoy supera los 20.000 empleados.

“No podemos hablar de subir la edad de jubilación ni el aporte, mientras el IESS sigue prestando un mal servicio”, recalcó.

Serrano también criticó con dureza la reciente eliminación del numeral 2 del artículo 99 del Código de la Democracia, que obligaba a las organizaciones políticas a presentar binomios presidenciales paritarios (hombre-mujer o mujer-hombre).

Según el legislador, esta decisión fue pactada entre el oficialismo y el correísmo y representa un grave retroceso en derechos de las mujeres. “Sin ese artículo, la actual vicepresidenta no estaría en funciones”, sentenció.