La Ley de Integridad Pública, que entró en vigor recientemente, otorga al Ejecutivo la facultad de definir el valor de las indemnizaciones que deben recibir los empleados públicos cuando sus puestos sean eliminados, modificando así el régimen vigente establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Hasta ahora, los servidores despedidos por supresión de cargos tenían derecho a cinco remuneraciones básicas por cada año de servicio desde el quinto año, con un tope de 150 sueldos básicos. Con la nueva normativa, ese cálculo queda en manos del reglamento ejecutivo de la Losep, cuya redacción aún está pendiente.

Esta reforma abre la puerta a una eventual reducción en los montos de indemnización, lo que genera preocupación entre los trabajadores públicos y expertos en derecho laboral. De concretarse una rebaja, podría interpretarse como una regresión de derechos, algo que la Constitución prohíbe salvo justificaciones excepcionales y que, además, daría pie a demandas por vulneración de garantías.

Especialistas advierten que, en ausencia de un reglamento, se mantiene vigente el principio de aplicación de la norma más favorable al trabajador. Es decir, mientras no haya una nueva tabla definida por el Ejecutivo, debería aplicarse el esquema indemnizatorio anterior.

Desde el Gobierno se ha justificado la medida como una forma de optimizar el gasto público. En 2020, el Estado destinó más de USD 159 millones en indemnizaciones por supresión de cargos, mientras que para este año solo se ha asignado un presupuesto de USD 279.475.

El cambio normativo también facilitaría procesos de fusión, reestructuración o eliminación de entidades públicas, sin que ello implique altos costos por despidos. No obstante, la ausencia de claridad sobre el nuevo reglamento genera incertidumbre entre los servidores estatales.

Organizaciones sindicales han anticipado que estarán vigilantes a los contenidos del reglamento y no descartan acciones legales si consideran que la reforma vulnera derechos adquiridos.