La Corte Nacional de Justicia dictó por unanimidad la condena de 13 años de prisión contra el exvicepresidente Jorge Glas, dentro del caso de corrupción relacionado con la Reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Además de la pena máxima de cárcel, Glas deberá pagar una reparación de 2.5 millones de dólares al Estado, perderá sus derechos políticos por 25 años y queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

Para profundizar en el trasfondo de esta condena, Ecuavisa entrevistó al sociólogo Luis Verdesoto. exsecretario anticorrupción, quien calificó el caso como “paradigmático” por la magnitud y la profundidad del desvío de recursos que afectó no solo a Manabí, sino a la confianza de toda la sociedad ecuatoriana e internacional.

Verdesoto explicó que la corrupción evidenciada es resultado de un sistema clientelar que utilizó los recursos de la reconstrucción para consolidar poder político, en un entorno con escaso control ciudadano y débil supervisión institucional. “No solo fue una mala gestión, sino un ‘nido de clientelismo político’ que condicionó a toda una región históricamente vulnerable,” afirmó.

Sobre la aparente impunidad que durante años gozó el correísmo, pese a tener control casi absoluto sobre las instituciones, el experto advirtió que “la impunidad siempre se basa en la esperanza de no rendir cuentas”. El caso Manabí expone cómo la concentración de poder permitió ocultar irregularidades por mucho tiempo, pero la justicia finalmente alcanzó a sus responsables.

El sociólogo destacó que la corrupción vinculada a desastres naturales no es un fenómeno exclusivo de Ecuador, sino un riesgo común en países con deficiencias institucionales, por lo que es vital fortalecer los mecanismos de control y fomentar la participación ciudadana para prevenir que tragedias se conviertan en oportunidades para la corrupción.