La aprobación reciente de la Ley de Integridad Pública, que introduce sanciones más severas para operadores de justicia, ha generado un intenso debate sobre el estado actual del sistema judicial en Ecuador. En este contexto, Mariana Yépez, ex fiscal general de la Nación, ofreció un análisis profundo durante una entrevista en la que advirtió sobre los peligros de una posible declaratoria de emergencia en la función judicial.

Yépez afirmó que, aunque la emergencia podría justificarse para resolver el déficit en nombramientos judiciales, “la independencia de la justicia es un principio básico que no debe vulnerarse”. Explicó que las designaciones deben realizarse mediante concursos de merecimientos y oposición, tal como lo establece la Constitución, y expresó su preocupación por una posible inestabilidad si se opta por nombramientos temporales o medidas que permitan la intervención política en la justicia.

“Los jueces necesitan estabilidad, la inamovilidad es una garantía para su independencia”, señaló Yépez, recordando que procesos anteriores evidenciaron cómo ciertas listas para la conformación de la Corte Nacional fueron manipuladas para favorecer intereses políticos. “Eso es un camino peligroso para la administración de justicia y para la confianza ciudadana”, alertó.

Sobre el déficit de fiscales, Yépez mencionó que existen alrededor de 600 vacantes sin cubrir desde 2019, a pesar de las solicitudes constantes del fiscal Toainga al Consejo de la Judicatura. Indicó que este órgano no ha realizado las evaluaciones necesarias a jueces ni fiscales durante más de una década, lo cual afecta el desempeño y la transparencia en el sistema judicial.

“Las evaluaciones son imprescindibles para garantizar que quienes administran justicia cumplan correctamente sus funciones. El Consejo de la Judicatura está sobrecargado con la administración de la Fiscalía, Defensoría y la Función Judicial, lo que dificulta cumplir con sus obligaciones”, señaló.