El Gobierno Nacional presentó este lunes cuatro medidas prioritarias en materia de inversión, seguridad, lucha contra la corrupción y educación. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, detalló las acciones durante una comparecencia pública, en la que destacó avances obtenidos tras la gira internacional del presidente Daniel Noboa.

Uno de los anuncios más relevantes fue la concreción de compromisos de inversión extranjera por más de 1.000 millones de dólares. De ese total, 400 millones provendrán de Power China para proyectos de energía renovable y almacenamiento. Los restantes 600 millones llegarán del grupo Cox, enfocados en obras de infraestructura en sectores como Tocachi, Malchinguí y Ceiba 1.

En el ámbito de seguridad, Jaramillo informó que los homicidios se redujeron en junio en comparación con el mismo mes del año pasado. Se reportaron 518 casos frente a los 592 registrados en junio de 2024. La vocera atribuyó esta disminución a los operativos “Gran Fénix” y “Centinela”, que han permitido la captura de nueve personas consideradas de alto valor para las estructuras delictivas.

Otro frente abordado fue la lucha contra la corrupción. El Servicio de Rentas Internas (SRI) logró recuperar más de 9,3 millones de dólares de dos empresas: Cobal Management, que deberá reintegrar 6,8 millones, y Carlo Poggi Balbieri, con 2,5 millones. Además, se iniciarán investigaciones penales contra jueces involucrados en posibles irregularidades en estos procesos.

Finalmente, el Ejecutivo anunció el plan “Nos Cuidamos”, una estrategia interinstitucional para combatir la violencia escolar. La propuesta contempla reformas legales, la creación de un comité nacional de emergencia educativa y la implementación de nuevos protocolos de actuación junto a la Policía, Fiscalía, Asamblea Nacional y gremios de educadores. Se revisarán horarios y medidas de seguridad en zonas de riesgo.

Jaramillo también ratificó que el Gobierno no negociará con estructuras criminales y dio prioridad al proceso de extradición de alias “Fito”. Añadió que se eliminará la Secretaría de Alianzas Público‑Privadas, cuyas competencias pasarán a otras entidades. Asimismo, se mantendrá vigente una tasa minera diferenciada para frenar la explotación técnica no sostenible.