El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno planea incorporar a policías y militares en servicio pasivo para asumir el control de las cárceles del país, como parte de un proceso de reestructuración profunda del sistema penitenciario ecuatoriano.

“Estamos haciendo ciertas modificaciones para que personal retirado de las fuerzas pueda incorporarse al SNAI y sean ellos quienes se encarguen de la seguridad penitenciaria”, afirmó Reimberg en entrevista con Ecuavisa.

Actualmente, las cárceles del país están custodiadas por vigilantes penitenciarios civiles y por policías y militares activos. Con esta reforma, el Ejecutivo busca liberar a los efectivos activos de estas tareas para destinarlos al patrullaje urbano, en el marco del conflicto armado interno contra el crimen organizado.

Uno de los principales obstáculos para ejecutar esta medida es la normativa vigente que obliga a retener el 40% de la pensión a quienes se reincorporan al sector público. “Eso no lo va a permitir el presidente. Estamos impulsando los cambios legales para corregirlo”, aseguró el Ministro.

Una vez aprobada la reforma, se abrirá un proceso de selección y capacitación para los exuniformados interesados en integrarse al SNAI.

Relevo en el SNAI y nuevas cárceles

El ministro también reveló que ya se ha separado al 50% del personal del SNAI y que están en proceso de nombrar nuevos directores penitenciarios. La meta es reemplazar completamente a los civiles actualmente encargados de la seguridad carcelaria.

Además, el Gobierno planea construir dos cárceles de máxima seguridad adicionales a la Cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena y actualmente en construcción con un presupuesto de USD 52 millones. Estas infraestructuras permitirán intervenir otras prisiones críticas como la Penitenciaría del Litoral, epicentro de masacres y enfrentamientos entre bandas.

La estrategia ha generado opiniones divididas. Para la experta en inteligencia Lorena Piedra, de la PUCE, el plan es positivo, pero debe ir acompañado de una depuración urgente del SNAI, ya que sus funcionarios no pasan pruebas de confianza, lo que los hace vulnerables a las mafias.

Por su parte, el analista Jean Paul Pinto propone crear una cuarta fuerza penitenciaria especializada, dado que los militares no están entrenados para manejar centros carcelarios. “No basta con militarizar. Se necesita una estructura propia y con formación específica”, subrayó al medio televisivo.

Reimberg sostiene que las acciones están dando resultado. En el programa Políticamente Correcto, reveló que 421 muertes violentas se han registrado entre el 1 y el 22 de junio, cifra inferior a las 607 de junio de 2024 y 710 en junio de 2023. “Las cifras empiezan a bajar y seguirán esa tendencia”, dijo.

Además, recordó que 196 policías han sido separados por corrupción entre enero y junio, y que otros 93 funcionarios judiciales han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura.

La reestructuración penitenciaria se da días después de la recaptura de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, quien fue detenido en un búnker en Montecristi tras más de 500 días prófugo.

Según el ministro, su captura fue resultado de una estrategia para debilitarlo emocional y económicamente. “Le quitamos su dinero, metimos presos a sus familiares y lo forzamos a cometer un error. Así lo atrapamos”, aseguró.

Mientras tanto, el país sigue enfrentando cifras alarmantes de violencia y homicidios, aunque el Gobierno insiste en que el combate frontal al crimen organizado está mostrando avances.