El Pleno de la Asamblea Nacional prevé tratar esta semana, en primer debate, el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Desarrollo Local, remitido por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.

La propuesta busca crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP), una empresa pública que tendría la responsabilidad de dirigir, planificar y ejecutar políticas para el manejo sostenible de las áreas protegidas del país. Esta nueva entidad operaría en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en concordancia con el Código Orgánico del Ambiente, y tendría como objetivo garantizar la conservación de la biodiversidad, generar oportunidades para el desarrollo local y asegurar fuentes de financiamiento estables.

La Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el informe para primer debate, respaldó el proyecto al considerar que representa una oportunidad para consolidar la gestión ambiental en el país mediante una institucionalidad más eficiente y articulada.

Paralelamente, esta semana otras comisiones legislativas continuarán con sus actividades. La Comisión de Fiscalización retomará las comparecencias en torno a presuntas irregularidades cometidas por operadores de justicia durante el conflicto armado interno. En tanto, la Comisión de Participación Ciudadana abordará reformas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y recibirá a exfuncionarios como Franklin Samaniego y Hernán Ulloa para sustentar sus criterios.

Por su parte, las comisiones de Salud y de Garantías Constitucionales también mantendrán agenda activa. La primera continuará el análisis del proyecto de Ley de Prevención Integral del Cáncer, mientras que la segunda revisará reformas vinculadas a la entrega del bono de contingencia por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El tratamiento de la ley sobre áreas protegidas será uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria, por su impacto ambiental y económico, así como por la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para preservar su patrimonio natural.